Alberto Rosales, Coordinador de la Filial del CENIDH en Estelí, manifestó preocupación por la impunidad en la que quedan las muertes de ciudadanos, debido al abuso de poder en la actuación de efectivos de la policía.

“Nuestra mayor preocupación es la falta de repuesta de la Policía Nacional, hemos acompañado a familiares de las víctimas en demanda de justicia, en diferentes ocasiones hemos tenido despachos con el Jefe Departamental de la policía Comisionado Mayor, Juan Manuel Chávez, quien nos remite a Asuntos Internos de Plaza El Sol, lo cual contradice la naturaleza de la institución, ya que son las autoridades departamentales las que deben dar respuesta a los familiares de las víctimas que son quienes actúan en su calidad de ofendidos” afirmó Rosales.

Estos casos también los han denunciado en la Fiscalía, hay oficios de esta instancia dirigidos al Jefe Departamental de la Policía, para la investigación del caso y pasar el expediente ante la autoridad fiscal pero han hecho caso omiso. El CENIDH también ha enviado cartas con consideraciones desde la perspectiva de derechos humanos, en demanda de justicia. Sin embargo, las autoridades no brindan respuesta, lo cual tiene como propósito generar cansancio en los familiares y  llevarles a desistir de sus reclamos de justicia.

En el departamento de Madriz, se han documentado cuatro casos en los que han muerto civiles y hasta la fecha están en la impunidad. Tal es el caso de Efrén Herrera de 23 años, quien murió por impacto de balas propinadas por agentes policiales, el 27 de enero del 2015. En esta comparecencia en el CENIDH estuvo la Sra. Santos Lagos, madre de Herrera, quien dijo que los agentes policiales que dispararon contra su hijo están debidamente identificados y que hay testigos que actuaron de manera arbitraria y abusando de su autoridad, lo cual deben ser sancionados “a mi hijo lo mataron como si era un animal y después lo tiraron en un potrero”.

“Nosotros pedimos justicia, cuando andamos en las calles nos encontramos con los asesinos de mi hijo, siguen trabajando como si nada, ahora dicen que mi hijo andaba droga, pero el testigo dice que mi hijo no andaba nada y que eso lo diría como testigo” enfatizó Lagos.

Otro caso, es el de Kevin Antonio Bautista López, de 16 años quien murió, el 5 de noviembre del 2014, en Totogalpa en el contexto de la protesta que mantenían taxistas de esa localidad por su inconformidad con una medida del Ministerio de Transporte y recurrieron a la represión policial para sofocar dicha protesta, resultando el adolescente muerto con un impacto de bala en la cabeza.  

El tercer caso, es el de Harold Jiménez Balladares, detenido desde el 24 de junio del 2015, en las celdas preventivas de la unidad policial de Somoto. Según la denuncia de la mamá de la víctima, el cuerpo presentaba signos de violencia, producto del uso excesivo de la fuerza policial, resultando con serias lesiones que le provocaron vomitar sangre. Los demás privados de libertad dieron aviso, pero las autoridades hicieron caso omiso, fue hasta el 27 de junio que lo llevaron al hospital de Somoto, muriendo horas después de haber ingresado. La policía lo dejó en el hospital y dio parte como que era un desconocido y no alguien que estaba privado de libertad, que estaba bajo su custodia.

El caso más reciente, se dio el 7 de mayo del presente año, en el municipio de San Lucas, en el que luego de un enfrentamiento entre grupos juveniles, los del casco urbano y los de la comunidad de Moropoto, se da la intervención policial, con uso irracional de las armas de fuego y producto de esta acción muere el joven José Ramón Pérez, de 19 años de edad, por impacto de bala en el abdomen, trasladado hasta el hospital de Somoto donde falleció.

A la fecha ninguno de estos casos ha sido debidamente investigado por las autoridades. Sus familias reclaman justicia.