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Socios de pequeña hidroeléctrica son despojados por el Estado

20 de mayo de 2016

El Sr. Teófilo Suarez Aragón y la Sra. Guadalupe Martínez Moreno, denunciaron ante el CENIDH que fueron despojados de la pequeña hidroeléctrica Salto de Mollejones (Hismow. S.A) ubicada en Wapy, El Rama. Los denunciantes expusieron que el personal de la hidroeléctrica fue desalojado de las instalaciones por funcionarios de ENATREL, en septiembre del 2015, sin justificación legal.

Según los denunciantes HISMOW.S.A fue creada en 2005, por 366 socios en su mayoría originarios de Wapy, pero también de personas que viven fuera del municipio y que compraron acciones.

La pequeña empresa surgió a partir de un proyecto promovido y ejecutado por el Estado de Nicaragua, con el financiamiento del Banco Mundial y otros organismos de cooperación; creado para la generación de electricidad en comunidades alejadas, en las que aprovecharían los recurso de hídricos, estos se desarrollaron en dos fases, la primera de interconexión de las líneas de Unión Fenosa a Wapy, mientras que la segunda tapa consistía en la construcción de la planta hidroeléctrica.

Según Suarez, recibieron acompañamiento del Estado para constituirse en sociedad anónima. Desde el inicio de la construcción de la planta hidroeléctrica, detectaron problemas en el equipo, ocasionando incumplimientos a las obligaciones adquiridas por la falta de generación de energía de la cooperación.
Según el convenio, el Estado sería el encargado de dar asesoría técnica a la empresa y ejecutar la obra de construcción, sin embargo, a partir de 2013, denunciaron que el Gobierno de Nicaragua, comenzó a perjudicar y a presionar a la empresa, impidiendo que esta se abasteciera de energía proporcionada por DISSUR, con la excusa de que la planta estaba en mal estado por mala supervisión de instalación y compra.

Con el funcionamiento de la empresa compraban electricidad y comercializaban la electricidad. Sin embargo tenían déficits, pero como empresa lograron mantener las operaciones activas, prestando el servicio a aproximadamente a mil usuarios.

Expresaron que, en ese mismo año, la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) exigió deshacer relaciones comerciales con DISSUR, pero ENEL se negó a firmar un contrato para definir formas de pago. Con la instalación de redes eléctricas de ENEL fueron forzados a trabajar con esa institución en condiciones no reguladas. Posteriormente ENEL, comienza a hacerles competencia desleal y manipular a la gente, divulgando que HISMOW alteraba las facturas, que cobraba muy alto.

En septiembre del año 2015, el Estado inició un proceso de intervención en el área administrativa, de tal manera que esta queda en manos de ENEL, impidiendo a los encargados realizar cualquier tipo de gestión en la empresa y despojándolos de sus cargos de manera arbitraria.

Pobladores de Wapí, incluyendo socios y no socios, iniciaron una huelga de 8 días, que provocó daños a la empresa porque cerraron las oficinas, impedían el ingreso de los trabajadores hasta llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas  (MEM) y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL/DOSA), donde firmaron Acta de Reunión No. 1, del 2 de octubre de 2015, denominada: "Instalación de Comisión negociadora para el traspaso de la concesión de distribución de energía eléctrica en el comunidad de Wapí y los derechos y obligación de la empresa Hismow, s.a, MEM-ENEL/DOSA-HISMOW,S.A.,", donde acordaron: entrega de documentación básica comercial, técnica y saldos internos de caja y bancos disponibles, quedando pendiente la calendarización del proceso de traslado.


El día 29 de noviembre de 2015 funcionarios de MEM y ENEL se presentaron a las instalaciones de Hismow SA., e intervinieron todo el patrimonio de la empresa incluyendo: instalaciones, camioneta, moto, útiles de oficina, activos, cuentas de bancos, sin Estados Financieros (EEFF) y otras actas de entregas sobre tales valores. Por lo que el Estado se obligaría a pagar como indemnización el valor de las Acciones con cláusula de mantenimiento de valor, más el 1% de interés los cuales aún no les han pagado.

Por ello, los representantes de la pequeña hidroeléctrica Hismow S.A, se presentaron al CENIDH, a denunciar  los hechos que consideran violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, propiedad y al desarrollo local sostenible.



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