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Denuncian agresión en el contexto de amotinamiento en las celdas policiales de Somoto

21 de enero de 2016

El día 20 de enero de 2016 la Sra. María Asunción Cornejo Bermúdez denunció en la Filial del CENIDH en Estelí que su hijo Winston Bayardo Méndez se encontraba privado de libertad en las celdas preventivas de la Policía Nacional de Somoto desde el pasado 24 de Diciembre de 2015 por la supuesta comisión de los delitos de Obstrucción de Funciones y Robo y con medida cautelar de prisión preventiva.

El domingo 17 de enero de 2016 se dio un amotinamiento en las celdas policiales de Somoto, el que fue reprimido por la institución a través del uso de la especialidad conocida como los Dantos y el uso de bombas lacrimógenas, donde resultaron lesionados oficiales de policía y personas privadas de libertad; entre los cuales se encuentra el joven Méndez, quien presentó sangrado de nariz por dos días producto de golpes propinados por los policías; según denunció su madre.

Así mismo la policía sin dar aviso; ni explicación alguna a los familiares trasladó a Méndez al Sistema Penitenciario de Estelí, lo cual su madre interpreta como una represalia aun cuando el amotinamiento fue iniciado por los privados de libertad que estaban en las visitas y su hijo estaba dentro de la celda.

El CENIDH le hizo remisión de queja a la especialidad de Asuntos Internos a la señora Cornejo Bermúdez con el objeto que se investigue el amotinamiento, y se sancione en caso de comprobación del exceso de la fuerza policial alegado en este caso concreto.

Para el coordinador de la filial en Estelí,  Alberto Rosales, este amotinamiento solo evidencia la gravísima situación que están enfrentando las y los privados de libertad; ya sea en las celdas preventivas de la policía como en los Centros Penitenciarios y la falta de atención de manera responsable de parte del Sistema de Administración de Justicia; esta situación se agudiza frente a la negativa de permitir libremente la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.

El CENIDH recuerda tanto a las autoridades policiales; como del Sistema Penitenciario que están obligados a mostrar apertura frente a las inspecciones que requieren desarrollar organismos de la sociedad civil como el CENIDH y que para abordar la situación de los privados de libertad debería conformarse una Comisión Interinstitucional donde las Instituciones estatales correspondientes y la sociedad civil puedan analizar la problemática a fin de encontrar soluciones.



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