Este 20 de enero se cumple un año de la explosión de la mochila bomba en la propiedad de la familia Duarte Peralta, hecho en el que perdieron la vida el brigadista de salud Modesto Duarte de 63 años y dos personas más, pertenecientes, según la población de la zona a un grupo armado que se moviliza en la zona. A la fecha han transcurrido 365 días sin que las autoridades competentes: Policía Nacional y Ministerio Público hayan realizado las diligencias investigativas  encaminadas a  garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Cabe destacar que  desde finales de enero del 2015 la señora Beneranda Peralta Rodríguez, viuda del señor Duarte, con el acompañamiento del CENIDH interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público de Jinotega.

En el marco del seguimiento a este caso un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH filial Matagalpa, visitó este 14 de enero  a autoridades de la administración de justicia, actores locales del municipio y a la familia Duarte Peralta, constatando que a la fecha no se han  realizado las diligencias investigativas para esclarecerlo. Al respecto la señora Peralta manifestó que a la fecha ningún funcionario policial se ha presentado en su casa o la comunidad a fin de entrevistar a las víctimas y testigos. Además, refirió: “Para nosotros esto es algo muy doloroso, seguimos pidiendo que se haga justicia, pero no creemos que llegue, pues ellos son los mismos”. Ello evidencia la falta de credibilidad  y confianza en las autoridades correspondientes.

Asimismo, el CENIDH visitó las oficinas de la Delegación del Ministerio Público en Jinotega donde se entrevistó a la asistente de la Fiscal Departamental licenciada Maribel Rodríguez la cual manifestó que el expediente fue remitido a la Inspectoría Departamental del Ministerio Público en Managua, puesto que en éste no se señala el autor de los hechos denunciados, pese  a que en la denuncia presentada los entrevistados por  el CENIDH y la familia del señor Duarte  señalan al Ejército de Nicaragua como responsable de este operativo. Así como el hecho de que las víctimas no están obligadas a proporcionar la identidad del victimario del hecho delictivo, lo cual  es función de la Policía Nacional como resultado del proceso investigativo que en el caso concreto nunca se realizó.

En inspección in situ se constató que en el lugar donde estalló el artefacto explosivo  existen todavía restos de la mochila, ropa, celulares y otros pertrechos los cuales evidencian la falta de un proceso investigativo y de la intervención peritos especializados en la escena del crimen. En esta visita también se entrevistó al padre Geovany Herrera, párroco de Santa María de Pantasma, y al Alcalde Oscar Gadea, ambos coincidieron en la necesidad de que este hecho sea investigado.

Para el CENIDH  esta situación evidencia la falta de voluntad política para esclarecer este  hecho, así como la falta de autonomía de las instancias encargadas de administrar  justicia como la Policía y el Ministerio Público,  siendo indispensable que se realice una investigación imparcial y objetiva de este grave hecho a fin de garantizar el acceso la justicia de esta familia. En virtud de lo expuesto, a un año de este lamentable hecho  continuamos demandando el respeto a los derechos humanos de la familia Duarte y de la población del municipio que continua demandando la verdad de lo acontecido el 20 de enero del 2015 en la Comunidad El Portal.