La Dra. Vilma Núñez de Escorcia y el Dr. Mauro Ampié Vilchez, Presidenta y Director Ejecutivo del CENIDH respectivamente, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atropello del que fueron objeto los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Luis Carlos Buob y Martha González.

A continuación el texto integro de la carta:


                                                                                                Managua, 19 de mayo de 2015.


Doctor
Emilio Álvarez Icaza
Secretario
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Su despacho

Estimado Dr. Álvarez:

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH se dirige a Usted a fin de informar sobre los hechos de violencia y malos tratos ocurridos por parte de funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua en contra de Luís Carlos Buob y Marta González abogado/a y defensores de derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, quienes junto con su Directora Ejecutiva Viviana Krsticevic , formaban parte de la delegación que estaría participando en la celebración del 25 aniversario del CENIDH y en el foro “Riesgos y Desafíos que enfrentan los Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua”.

Según el testimonio de Luis Carlos, él y Marta arribaron a Nicaragua en la mañana del 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional A.C. Sandino y durante el trámite de ingreso al país, él presentó su pasaporte, así como la información requerida por el agente de Migración y Extranjería, quien luego le cobró la suma de $ 10.00 (diez dólares) para ingresar al país, por lo que éste, le entregó un billete de $ 20.00 (veinte Dólares) y el funcionario se fue a buscar cambio para el billete; mientras tanto, en otra ventanilla Marta González, realizaba sus trámites y le fue sellado de ingreso su pasaporte, quedando a la espera de su colega.

El señor Buob afirmó que luego de unos veinte minutos, el funcionario regresó, diciéndole que no podrá ingresar al país y al requerir información sobre las razones, le expresó que tenía en curso una investigación por narcotráfico; razón por lo cual el defensor mostró preocupación e indignación, quien inmediatamente demandó la asistencia legal de un abogado/a o le permitieran contactarse con el CENIDH, organización que lo invitaba.

Por su parte, las autoridades reaccionaron violentamente contra su persona, por lo que en dos ocasiones fue arrojado al suelo y en la última intentaban esposarlo, conduciéndolo por la fuerza hacia la puerta de embarque del avión con destino a Costa Rica. Marta filmó el reclamo y la violencia de las autoridades; quienes al darse cuenta que viajaban juntos, le pidieron su pasaporte y pusieron un sello de rechazada en el mismo; a la vez, le quitaron su celular.

Afirman en su testimonio, que se encontraban en la manga del avión, cuando las autoridades, registraron las pertenencias de su mochila y le pidieron el celular a Luis Carlos, quien se resistió a entregarlo por ser de su propiedad; pero tres funcionarios con mucha violencia se lo quitaron además de requisarlo de una forma humillante y degradante; aduciendo que estaba prohibido filmar a funcionarios de Migración y que desconocían las leyes nicaragüenses; por lo que les dijo que podía borrar los videos frente a ellos, pero que no podían quitarle su celular. Finalmente, las autoridades no les devolvieron los celulares y tampoco el dinero que entregaron por el ingreso a Nicaragua.

Por nuestra parte, como organismo defensor de derechos humanos y anfitrión del evento nos sentimos agraviados por el trato hostil, el robo, la violencia y el rechazo injustificado al ingreso del país por parte de las autoridades hacia dos defensores de derechos humanos; lo que constituye un acto de represalia por parte del Gobierno particularmente en el caso de Luis Carlos, quien ha participado en una serie de audiencias acompañando al CENIDH y otras organizaciones de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren las y los nicaragüenses.

Para el CENIDH, la decisión de las autoridades es arbitraria e ilegal, por cuanto no se dio alguna causal ni se ha dado una situación a nivel nacional que justifique la aplicación de la medida de rechazo establecida en la Ley de Migración y Extranjería ; medida que además no admite un procedimiento ni recurso alguno, que constituye un ataque por parte del Gobierno a un defensor de derechos humanos , a quien el Estado le hace la grave imputación de encontrarse pendiente “una investigación por narcotráfico” que en la práctica dio pié a la arbitrariedad, elevando el nivel riesgo como defensores/as en la medida que de forma irresponsable las imputaciones delictivas graves impiden, descalifican, desprestigian y criminalizan la labor de los defensoras y defensoras de derechos humanos a nivel nacional.

Por lo expuesto el CENIDH solicita por su medio a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

1.    Que exprese su preocupación por la arbitrariedad y abuso respecto del trato brindado por las autoridades de Nicaragua a Luis Carlos Buob y Marta González, abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

2.    Que el Estado de Nicaragua informe sobre las razones que motivaron el rechazo migratorio a ambos abogados y bajo qué fundamentos le anularon el ingreso a la señora González, uno de ellos a quien de previo le habían admitido el ingreso al país.

3.    Que el Estado de Nicaragua asuma su responsabilidad en los hechos y devuelva las pertenencias de los abogados defensores de derechos humanos de CEJIL.

4.    Que recuerde al Estado de Nicaragua, su deber de no cometer actos de represalia contra quienes participen en las audiencias ante la CIDH, según se establece en el arto. 63 del Reglamento de la CIDH que refiere “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

No omitimos señalar que durante dos días, la suscrita, solicitó entrevista con la Comandante María Antonieta Novoa Directora General de Migración y Extranjería para pedirle una explicación; pero la misma, por medio de su jefa de despacho el día de hoy se negó expresamente a recibirnos, remitiéndonos a hacer uso de los procedimientos y recursos legalmente establecidos, lo cual es una burla sabiendo que no hay recursos en uno de los casos planteados como tampoco resoluciones por parte de dicha autoridad. En esas circunstancias, la ausencia y negativa de información, resoluciones y entrevistas constituyen un obstáculo a nuestra labor como defensores de derechos humanos y aumenta los riesgos que a nivel personal e institucional venimos enfrentando, lo que es del conocimiento de la Comisión.

En tal sentido y en atención a los riesgos y obstáculos expuestos, nos suscribimos de Usted, solicitando celeridad en la actuación de la CIDH.

Atentamente,




              Vilma Núñez de Escorcia                            Mauro Ampié Vilchez   
                  Presidenta                                               Director Ejecutivo