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CENIDH exige al Presidente Ortega, investigue y sanciones atropellos contra Milton Arcia

14 de abril de 2015

CENIDH exige al Presidente Daniel Ortega, rectificar actuación en caso del empresario Milton Arcia y la derogación del Acuerdo Administrativo 07-2015, emitido por el Procurador General de la República, además del pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al señor ARCIA. Esta carta firmada por la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia fue entregada a las dos y treinta minutos de la tarde de hoy martes en la presidencia de la república.
A continuación el texto íntegro de la carta: 

Managua, 14 de abril del 2015


Comandante
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Su despacho
Presidente Ortega:

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, recibió al señor MILTON RENATO ARCIA MARIN quien expresó que el día viernes 3 de abril del corriente año, funcionarios de la Empresa Portuaria Nacional EPN acompañados por efectivos de la Policía Nacional se presentaron a su propiedad, a destruir un edificio en construcción avanzada, destinado para servicios de hotel, el cual se encontraba frente al Lago de Nicaragua. Lo denunciado ante el CENIDH por el señor ARCIA lo sustenta con publicaciones en distintos medios de comunicación, así como videos que se encuentran publicados en sitios web y los que de manera reiterada nos han hecho llegar.

Después de 8 días de los hechos, apareció una publicación en la Gaceta Diario Oficial del Acuerdo Administrativo 07-2015 emitido por el Procurador General de la República Hernán Estrada Santamaria, en el que declara de utilidad pública la propiedad del señor ARCIA, lo cual no tiene precedentes, por cuanto constituye delito el hecho de ejecutar una acción pretendiendo sustentarla a posteriori en un Acuerdo Administrativo antedatado, que además no fue precedida del trámite legal que la ley establece para impulsar el proceso de expropiación. Es claro que la intención del representante legal del Estado es convalidar y dar carácter de legal al abuso de poder. Según dicho acuerdo la destrucción del edificio fue ordenada por Usted.

Aunque el Procurador Estrada no lo hubiera afirmado en su desafortunado Acuerdo Administrativo, Usted es el responsable de las actuaciones de los funcionarios de la Empresa Nacional de Puertos, por cuanto éste es un “ente de derecho público descentralizado, adscrito a la Presidencia de la República con carácter autónomo” (Arto. 19 Ley General de Puertos de Nicaragua) por tanto es una empresa pública y sus funcionarios están directamente subordinados a Usted, no está demás mencionar que el Presidente de dicha empresa es nombrado directamente por Usted. La actuación de los funcionarios de la Empresa de Puertos fue  premeditada,  con  el  ánimo  de  causar  daño  en  la  propiedad,  toda vez que trasladaron maquinaria pesada desde Granada hasta el Puerto de Moyogalpa, desde el jueves 2 de abril, para consumar los hechos por la mañana del viernes, ambos días feriados nacionales, valiéndose de la distracción de las vacaciones de semana santa para ejecutar tan condenada acción.
La indefensión jurídica en la cual se encuentra el señor ARCIA ante los actos vandálicos de funcionarios de gobierno, genera inseguridad en la ciudadanía en general y principalmente en aquellos que tienen grandes propiedades y son dueños de los medios de producción.

Esta acción definitivamente cumple con el único propósito de generar un clima de terror entre quienes se atrevan a oponerse o que apoyen a los que se oponen  a sus ambiciones de poder económico, político y militar en Nicaragua. Las acciones violentas en contra del señor ARCIA mantienen un clima tenso y de incertidumbre en el país.

El CENIDH observa con mucha preocupación el actuar de las instituciones del Estado en función de despojar de sus derechos a un ciudadano, destruyendo y desalojando primero y después tratando de dar apariencia legal, a lo absurdo e ilegal. Es imprescindible regresar a los causes de un Estado de Derecho ante el Estado de hecho que Usted viene gestando con sus reiteradas actuaciones, las cuales contradicen su proclamada lucha contra la pobreza. El respeto a la autoridad de la Ley, que se opone al abuso de poder del funcionario público, es el único camino para restituir de forma autentica los derechos de la población, sin demagogia política.

El CENIDH exige la inmediata y debida rectificación que incluya la derogación del Acuerdo Administrativo 07-2015, emitido por el Procurador General de la República, además del pago de una indemnización por los daños y perjuicios al señor ARCIA y una exhaustiva investigación que establezca las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios policiales y civiles involucrados, incluyéndolo a Usted, en estos vergonzosos hechos, para lo cual haremos las gestiones pertinentes ante la Fiscalía quien debe actuar conforme Ley, si es que aún queda algún vestigio de ella.

Pido de conformidad al Arto. 52 de la Constitución Política, una respuesta a ésta petición.
Atentamente,

Vilma Núñez de Escorcia
Presidenta





C.c:



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