Representantes de cooperativas de Taxis de Sébaco,  San Isidro y Ciudad Darío denunciaron ante el CENIDH y medios de comunicación que autoridades del MTI, Alcaldías y Policía Nacional les están imponiendo medidas regulatorias para que no continúen prestando el servicio de taxis a la población de estos municipios, el cual han prestado desde hace ocho años. Según los denunciantes, esta maniobra responde a  intereses de los dueños de buses para controlar el servicio de transporte colectivo.

Carlos Omar Torres,  denunció  que  las  autoridades aducen que ellos están violentando la Ley 524. “Sébaco está saturado de medios de transporte, allí circulan 1, 600 caponeras, 220 motos taxis empujadas, 160 taxis que tiene la ciudad, y así el Alcalde nos manda a trabajar al casco urbano” dijo Torres.

Torres dijo que los 60 taxistas tienen tres semanas de no trabajar porque el MTI y Agentes de Tánsito les están multando con 500 córdobas, si los miran circulando, aunque sea con familiares les bajan los pasajeros, les aplican multas y suben a los pasajeros a los buses.

Durante la comparecencia, los denunciantes entregaron al CENIDH 2,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que les apoyan, porque ellos garantizan un servicio de calidad y  cómodo.
Así mismo, los taxistas expresaron que los vehículos con los que trabajan fueron adquiridos con préstamos bancarios, otros empeñaron sus casas, todos tienen deudas y  si no trabajan no pueden pagar, además que por este medio garantizan el sustento de sus familias.

Los denunciantes manifestaron que estas medidas regulatorias que les están imponiendo las autoridades del MTI, Alcaldía, Policía  responden a intereses de los dueños de buses grandes que tienen hasta más de 19 unidades de promedio y sus ganancias son mayores, mientras que la de ellos ganan un promedio de 250 córdobas diarios.

Por su parte, el abogado del CENIDH, Carlos Alberto Guadamúz dijo que las disposiciones de las autoridades de Sébaco que están tomando estas medidas contra los taxistas, también deben tomar en cuenta que la ley de Transporte Terrestre establece principios de comodidad,  eficiencia y seguridad para el usuario. Y en imágenes presentadas por los denunciantes se puede apreciar que los pasajeros de los buses grandes se exponen, al viajar guindados, por la saturación en la capacidad de estas unidades.

El CENIDH considera que la medida adoptada afecta la economía familiar de los denunciantes, violentándoles el derecho al trabajo, la alimentación, a una vida digna entre otros derechos, por el cual hace un llamado público a las autoridades de Sébaco a buscar una alternativa que no afecte a los denunciantes y permita continúen trabajando, tomando en cuenta la situación económica del país.