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Organizaciones de Matagalpa dicen no a Reglamento de la Ley 779

29 de septiembre de 2014

Promotores y promotoras de la Red Padre Cesar Jerez de las comisiones de Santa María de Pantasma, Terrabona, San Ramón y Jinotega participaron  en el Foro  análisis sobre el reglamento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, realizado en Matagalpa, con el objetivo de analizar las implicancias de este reglamento en la vida de las mujeres y en la vigencia de su derecho humano a acceder a la justicia y a vivir libre de violencia. 
En el foro también participaron otras organizaciones de la sociedad civil de Matagalpa, así como de instituciones del Estado como Ministerio de Educación y Ministerio de la Familia. En su carácter de panelista participaron la Dra. Ana Isabel Sequeira Fiscal Departamental de Matagalpa;  Dra. Soraya Ramírez Fiscal Departamental Jinotega; el Dr. William Montalván Avendaño, Juez Segundo de Distrito Penal Especializado en Violencia de Matagalpa; Dra. Engracia Inés Flores Juez de Distrito Penal Especializado en Violencia de Jinotega; la defensora de derechos humanos Ruth Marina Matamoros psicóloga del Grupo Venancia de Matagalpa y Juan Carlos Arce en representación del CENIDH.
Durante el foro Grupo Venancia hizo un abordaje sobre el avance que representa en la lucha de las mujeres la aprobación de la ley 779 sobre todo  en lo referido a la creación de nuevos tipos penales, el establecimiento de principios y procedimientos protectores de las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, cuestionó el Reglamento porque contradice expresamente la ley y deroga garantías establecidas en esta.
El planteamiento de los funcionarios judiciales que participaron de este foro es que el Reglamento constituye una extensión de la ley de cara a garantizar su aplicación y que la misma no constituía una violación a los derechos humanos de las mujeres toda vez que su misión era la  protección de la familia.  No obstante, señalaron algunas dificultades para su implementación sobre todo presupuestarias, en ese sentido, la Fiscal departamental de Matagalpa Ana Isabel Sequeira expreso que la falta de personal por parte del Ministerio Público es uno de los impedimentos más relevantes. 
Juan Carlos Arce en representación del CENIDH expuso que el Reglamento constituye un serio retroceso en materia de derechos de las mujeres y una clara contravención a los compromisos internacionales que señalan que los Estados deben de remover los obstáculos que impidan la igualdad real de las mujeres, así como aquellos referidos a garantizar la eliminación de las condiciones de discriminación y erradicación de la violencia. Refirió que el reglamento contradice artículos de la Ley 779, garantías constitucionales y por ende el Estado derecho al atribuirse el Poder Ejecutivo facultades que no le competen, pues el Ejecutivo solo está facultado para emitir decretos en materia  administrativa y no jurisdiccional como es el caso. 
Las organizaciones de mujeres  señalaron además su preocupación por la reducción del delito de femicidio a las relaciones interpersonales de pareja, contradicciones como la inclusión del aborto imprudente en la lista de delitos mediables y por otro lado la prohibición inconstitucional del aborto terapéutico, es decir que se puede mediar cuando es provocado por un hombre, pero no como una decisión propia de las mujeres, lo que evidencia el doble rasero del Estado en el tema del aborto.
Uno de los consensos entre organizaciones participantes en el foro y el público asistente es que el reglamento crea obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sobre todo con los Consejos de familia quienes serán otra instancia en la ruta de la denuncia, burocratizando el acceso a la justicia.  Los  y las participantes cuestionaron la legalidad, capacidad y conformación de estos Concejos quienes estarán conformados por líderes religiosos. De igual modo, cuestionaron el enfoque familista de la ley obviando el enfoque protector de la ley. 
El CENIDH reconoció la importancia de la presencia de los funcionarios judiciales en este diálogo e hizo un llamado a que en el marco de su función de control jurisdiccional y de legalidad no apliquen aquellas normas que violentan garantías constitucionales y derechos fundamentales de las mujeres.



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