El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH rechaza la posición adoptada por el gobierno de Nicaragua en el discurso del representante de la Misión en Ginebra, durante la sesión de adopción del Informe Final de la segunda revisión del examen periódico universal el día de hoy durante el 27º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual el Estado rechazó 48 recomendaciones de las 209 que le fueron formuladas durante el proceso.
En su intervención, el representante del gobierno expresó un rechazo absoluto a asumir nuevos compromisos en materia de derechos humanos mediante la ratificación de distintas convenciones argumentando que hay suficiente normativa jurídica nacional para garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses.
Respecto de implementar mecanismos para prevenir y sancionar la tortura; negó que en Nicaragua exista tortura y expresó que el país cuenta con un Mecanismo de Prevención de la misma a cargo del Procurador de Derechos Humanos recordando que el Sub Comité de Prevención de la Tortura visitó Nicaragua e hizo recomendaciones.
Su actitud de rechazo a las recomendaciones trató de atenuarla refiriéndose a la reciente visita del Sub Comité contra la Tortura y adujo que en Nicaragua los centros penitenciarios son humanitarios. Reconoció que existe hacinamiento, pero afirmó que el sistema penitenciario es humanitario y que algunas organizaciones de derechos humanos colaboran capacitando a los privados de libertad.
Con gran inexactitud se refirió a la independencia del Poder Judicial, rechazando las recomendaciones concernientes.
En lo que respecta a la libertad de expresión, que ameritó numerosas recomendaciones expresó que en Nicaragua existe libertad de expresión y pluralismo de los medios de comunicación, que se respeta el derecho de protesta y acceso a información pública; lo cual es totalmente alejado de la realidad confirmada en numerosas denuncias que el CENIDH ha documentado.
Sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, negó la persecución estatal y con desfachatez señaló que la Policía Nacional les protege durante las manifestaciones.
En relación al derecho de acceso a la educación, argumentó dificultades económicas para garantizarlo y expresó que era un proceso a largo plazo por la falta de recursos económicos en el que no cabía esperar cambios inmediatos. Al CENIDH le sorprende esta información ya que recientemente redujo la partida de educación en la reforma al presupuesto general de la república.
El representante del gobierno también se refirió a las reformas a la Ley 779 pero ignoró el retroceso que representa el reglamento de dicha ley, rechazando además reformar la legislación penal que prohíbe el aborto terapéutico, aduciendo que la prohibición fue el resultado de la voluntad soberana del pueblo; arrogándose el derecho a hablar en nombre de un pueblo al que no se le consulta.
Durante la sesión de adopción del Informe del EPU para Nicaragua, el CENIDH, representado por su Presidenta, Vilma Núñez de Escorcia y su Director Ejecutivo, Mauro Ampié Vílchez, en conjunto con la OMCT y la FIDH tuvo la oportunidad de compartir con otras organizaciones internacionales las principales preocupaciones relacionadas sobre la situación de derechos humanos del país y específicamente de los privados de libertad, las mujeres, niñas, niños, personas LGBTI y pueblos indígenas y afrodescendiente.
El Informe, adoptado mediante una resolución estándar que se aplica para todos los estados examinados, no representa de ninguna manera un aval a la situación de derechos humanos en un país determinado.
Finalmente, el CENIDH, la OMCT y la FIDH urgieron al Gobierno de Nicaragua implementar las recomendaciones de esta segunda revisión mediante acciones concretas, más allá de su mera aceptación formal y a cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos.
Ginebra, 19 de septiembre de 2014
¡Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde!