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Deslave en la Mina El Comal deja en evidencia violación de derechos humanos de mineros artesanales

12 de septiembre de 2014

El 28 de agosto del presente año 27 mineros artesanales fueron atrapados por  un  deslave de tierra cuando se encontraban realizando labores de extracción de broza (tierra) en la Mina El Comal a unos cinco kilómetros del municipio de Bonanza, jurisdicción de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), siendo rescatados veinte mineros el 28 de agosto 20 mineros quedando en el interior de la mina: José Eliel Amador de 25 años originario de Siuna; Juan Carlos Barrera Rodríguez 25 años, originario de Bonanza; José González Flores de 18 años originario de Tipitapa; Jairo Ariel Méndez López, de 19 años originario  de Río Blanco y Álvaro Pérez de 29 años de Bonanza.
El 1 de septiembre a través de medios afines al gobierno, se conoció que por razones de seguridad no se continuarían las labores de búsqueda y rescate, pues debido a las condiciones de la mina se supone que los desaparecidos se encuentran fallecidos. Esta tragedia  constituye la mayor de la última década, dejando en evidencia las condiciones en las que ejercen su labor los mineros artesanales,  quienes pese a la alta peligrosidad de su trabajo perciben ingresos diarios de C$150 a C$160 córdobas, según fuentes del sector.
La Mina (El Comal) en funcionamiento desde hace aproximadamente ochenta años no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad para su explotación. Esta mina dejó de ser explotada industrialmente por la empresa Neptune Miningco en 1975, pese a ello la misma constituía la única fuente de ingresos para mineros artesanales. Nidia Rodríguez, habitante de Bonanza, señaló que desde hace algunos años las autoridades locales habían señalado a la población que esta mina no contaba con condiciones  de seguridad para su explotación.
No obstante, no se adoptaron medidas que  evitaran el acceso a los mineros artesanales quienes exponiendo su integridad física han accedido históricamente a la mina para extraer broza que luego venden,  fundamentalmente a la empresa HEMCO,  actualmente la empresa más importante de esa región y una de las mayores compradoras de este material,  el cual es procesado para extraer el oro que posteriormente es exportado. 
La compañía admite esta práctica a través de Marcela Castillo, Vicepresidenta de Relaciones Empresariales quien señaló: “Nosotros compramos en teoría en puntos fijos, seguros, creemos que estas cooperativas garantizan la extracción segura. Por supuesto, hay riesgo de que ellos no cumplan, pero no tenemos como comprobarlo” . 
Para el CENIDH los hechos señalados son lamentables,  sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Esta situación revela las consecuencias del extractivismo en una región en la que pese a  casi cien años de explotación minera continúa siendo una de las regiones más empobrecidas de  Nicaragua, siendo las consecuencias de esta actividad evidentes en su geografía y estructura social,  manifestándose fundamentalmente en las condiciones de absoluta precariedad de los mineros artesanales.
Esta tragedia sacó a luz las condiciones de inseguridad jurídica y desprotección de los mineros artesanales, quienes extraen y venden a corporaciones transnacionales en condiciones de riesgo y sin gozar de un ingreso que les permita una vida digna, cobertura de la seguridad social y demás beneficios que concede la ley a los trabajadores y a sus familiares. Asimismo, deja en evidencia la falta de aplicación por parte del Estado de los marcos regulatorios necesarios para asegurar que las compañías nacionales y transnacionales tengan la debida diligencia de influir en que las condiciones en las que trabajan sus proveedores sean seguras y dignas.
Los hechos ocurridos en Bonanza y los impactos sociales y ambientales de esta actividad en el  municipio, así como en diferentes departamentos del país (Chontales, León) deben llevar al Estado y a los actores sociales y económicos  a rechazar una práctica económica que pone en riesgo la vida de los mineros artesanales.  En tal sentido, el CENIDH demanda:
    Al Estado mayor coherencia frente a esta problemática, que obedece a la pobreza y a la falta de empleos en condiciones de seguridad, pues el discurso de desarrollo humano y protección del medio ambiente es diametralmente contradictorio a la práctica gubernamental que promueve la actividad minera como un elemento necesario para el desarrollo económico del país.
    A la empresa privada, sobre todo a las del sector minero, que tome las medidas necesarias para garantizar que sus proveedores gocen de condiciones de seguridad para realizar esas labores y contribuyan a crear empleos dignos y seguros.
    Se adopten acciones urgentes que aseguren mejores  condiciones laborales y de seguridad para los mineros artesanales, así como acciones que a mediano plazo constituyan fuentes alternativas de ingreso que faciliten la reinserción en otras actividades económicas de este importante grupo poblacional conformado por alrededor de 4,500 personas.
    Que el gobierno local, regional y central asuma su rol y garantice la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales para la población del Caribe nicaragüense.



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