El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos participó en el 152 periodo de sesiones de la CIDH. Marlin Sierra, Sub Directora del CENIDH presentó el 14 de agosto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación general de los derechos humanos en Nicaragua,  señalando las violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que sufren los y las nicaragüenses.

Durante la intervención se informó a la honorable Comisión acerca de las violaciones al Estado de Derecho mediante las reformas constitucionales; el sometimiento de la Policía y el Ejército de Nicaragua en manos del Ejecutivo, la tortura en las unidades policiales como medio para obtener confesiones, las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios del país, el colapso del sistema judicial y sometimiento al Ejecutivo, la instrumentalización de los derechos de las mujeres; la crisis alimentaria y sus efectos, las afectaciones a pueblos indígenas con la implementación de mega proyectos, las violaciones a la libertad de expresión y medios de comunicación y la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos.

De igual forma se informó sobre las violaciones a la integridad física y sicológica, a la igualdad ante la ley, al acceso la información, a la libre circulación, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de asociación, como medio para defender y promover derechos y del irrespeto por del Estado, de su obligación de diligencia debida para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las agresiones contra los/as defensores/s y periodistas, así como la flagrante violación a las garantías de un debido proceso independientemente de la gravedad del delito imputado.

La Sub Directora del CENIDH se refirió a los cambios que el partido de gobierno ha impulsado en el régimen político señalando el efecto devastador en el Estado de Derecho al imponer un gobierno que pregona amor pero que en la práctica ofrece palos, piedras y agresiones a quienes se oponen a su proyecto de perpetuidad, y halagos, prebendas y cargos públicos al que se somete. Dichas reformas han tenido efectos dañinos en la institucionalidad y consecuencias directas en la democracia, que se expresan en la partidización e instrumentalización de las instituciones gubernamentales.

También se dio a conocer el deterioro del nivel de vida de los y las nicaragüenses ante las alzas constantes e injustificadas en el precio de los combustibles que incide en el incremento diario del costo de la canasta básica, las alzas en los servicios básicos, el desempleo, el deterioro de la seguridad ciudadana, la descomposición social acelerada, los niveles de corrupción en la administración pública, así como las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el alto índice de violencia contra las mujeres ante la prevalencia de actitudes machistas y misóginas que atenta contra la vida de las mujeres.

En esta misma audiencia participaron la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos presentando información  acerca de las condiciones de los centros penitenciarios del país y sobre los obstáculos que tienen los nicaragüenses para el acceso a la justicia.

Por su parte la representante del Estado de Nicaragua se limitó a brindar una serie de datos estadísticos para argumentar ante la Comisión los avances que desde la óptica del gobierno se han realizado en cuanto a la educación, la salud, la atención a las mujeres y a nombrar los reconocimientos que el gobierno ha recibido por parte de la FAO, ONU Mujer, entre otros.

Además de brindar información sobre las investigaciones de los enfrentamientos registrados con las bandas delincuenciales en Tamalaque, el proceso investigativo que ha iniciado la Policía en el caso del Productor Carlos García, ex miembro de la Ex Resistencia nicaragüense  conocido como El Mejicano, además de reconocer que a los familiares de los detenidos relacionados con la masacre del 19 de julio no se le brindó información ya que no disponen de un lugar adecuado para ello y adolecen de personal para brindar esta atención. Señalando que lo actuado por la Policía fue conforme a las leyes.

También informó que no existe ninguna represión hacia los defensores de derechos humanos en tanto no existe ninguna denuncia interpuesta por estos en las Unidades Policiales, que hasta ahora en esta audiencia estaban conociendo de las amenazas y agresiones. Además de que en Nicaragua se respetaba la libertad de prensa y movilización.  Reconoció que en algunas manifestaciones se han presentando hechos de violencia pero esto es debido a la alta polarización política que vive el país que se escapa de control, donde se han dado agresiones de ambas partes, donde muchos policías han sido agredidos pero por la “gente de las ONG” quienes no respetan los permisos otorgados por la Policía, solicitando una ruta y transitando por otra. 

En ningún momento señaló las agresiones que han ejercido los grupos de choques, ni se refirió a las agresiones que han sufrido los periodistas y cuando la Comisionada Catalina Botero le señaló sobre el vacío de esta información, expresó que por el factor tiempo no lo había abordado pero que estaba en el documento entregado a la Comisión.

Por su parte los Comisionados manifestaron su preocupación ante las
violaciones de derechos humanos informadas por los peticionarios y la falta de respuestas concretas por parte del Estado a los señalamientos realizados instando al Estado de Nicaragua a:

•    Asegurar la plena protección de la libertad de expresión y libertad de prensa.
•    Realizar un mapeo sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación y brindar
información sobre la libertad de expresión.
•    A reconocer la labor de los defensores/as y que cumpla con su obligación de protección y
garantías de sus derechos.
•    Brindar garantías para la independencia de los poderes del Estado y el acceso a la justicia
y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elección de los magistrados.
•    Respetar las garantías del debido proceso no haciendo uso de las celdas en las unidades
policiales más allá de las horas establecidas en la norma.
•    Facilitar el acceso a la sociedad civil a los centros penitenciarios y/o entrevistas con las
víctimas sin la presencia de un funcionario público.
•    Respetar el marco jurídico de los pueblos indígenas
•    Permitir el acceso a la información a la sociedad civil y actualizar cifras y datos acerca de la verdadera situación económica de los nicaragüenses para conocer realmente cual es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las nicaragüenses.
•    Brindar información sobre la situación de los pueblos indígenas, pero sobre todo de los afrodescendientes en torno a su derecho a la propiedad, respeto de sus culturas y sus recursos naturales.
•    Tanto para el Estado de Nicaragua como para las organizaciones de la sociedad civil solicitó enviar información sobre la situación de la niñez y la adolescencia en Nicaragua.

Al cierre, los Comisionados reiteraron la solicitud de una visita in situ a Nicaragua, haciendo referencia que desde el año 2008 han hecho esta solicitud sin tener resultados. La respuesta de la representante del Estado fue la misma que en años  anteriores, a diferencia de los otros representantes de los países centroamericanos quienes dejaron establecidas las fechas para la visita de la Comisión a cada uno de sus países.