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CENIDH condena violación al derecho humano de libre movilización por parte de la Policía Nacional

14 de agosto de 2014

Este 13 de agosto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a través de denuncia recibida vía telefónica por parte miembros de organizaciones sociales de Matagalpa tuvo conocimiento que en el sector de La Mora en el sitio conocido como Palo Solo, en La Dalia Matagalpa un contingente conformado por aproximadamente 20 agentes policiales, 15 antimotines, 30 particulares, así como un número indeterminado de militares, que se introdujeron en los cafetales, bloqueo el paso de una caravana conformada de 4 camiones y 3 camionetas con pobladores de Waslala y Rancho Grande que se dirigían hacia Managua a manifestarse para participar en una plantón contra de la explotación  minera, ello en el contexto de la realización del Primer Congreso Minero en Nicaragua.


Además, participarían en una feria donde expondrían los productos cultivados en sus comunidades y mostrar así su resistencia a la sequía debido a la riqueza del manto friático de la zona, siendo esto  una oportunidad para la producción de alimentos, lo que está siendo amenazado con el Proyecto Minero Pavón Rancho Grande promovido por la empresa minera B2gold. 


Un equipo del CENIDH Filial Matagalpa  se movilizó a la zona pudiendo constatar cómo las fuerzas policiales obstaculizaban el libre tránsito a la caravana y al tráfico en general. Por petición de los denunciantes, alrededor de 300 personas, se inspecciono los camiones de la caravana pudiendo observar que éstos trasladaban verduras y productos lácteos. Manifestaron que desde las 7: 00 am  fueron retenidos y amenazados por un civil armado quien les dijo si se atrevían a dar un paso no respondía, ello mientras los apuntaba con su arma de fuego, siendo este hecho realizado ante la  presencia de oficiales de  policía y la jefatura de la Delegación de La Dalia quienes no hicieron nada ante esta agresión, más bien les decían que se fueran a protestar a sus municipios y que no tenían nada que hacer en Managua.


Según los denunciantes a las 10:00 am llegaron refuerzos del ejército quienes ingresaron  por la montaña y rodearon las veredas de Palo Alto a fin de intimidar a los participantes. Expresaron que la violación de su derecho a manifestarse y a la libre movilización se vio limitado días antes cuando ante la solicitud de los conductores contratados de los permisos para realizar el viaje este les fue negado sin ninguna explicación. Asimismo, denunciaron que  uno de los conductores del bus fue retenido y que le habían quitado los documentos, siendo liberado posteriormente.


Éstos refirieron que en ningún momento los oficiales de policía brindaron explicación alguna sobre su actuación ya que su protesta en contra de la minería es cívica y que es una expresión de la defensa de sus derechos y de la exclusión que sufren, pues en ningún momento autoridades gubernamentales les han preguntado si están de acuerdo con la actividad  minera en sus municipios. Cabe destacar que ante la imposibilidad de movilizarse decidieron presentar en el lugar los números culturales que llevaban para la feria en Managua como forma de protesta ante la falta de respuesta por parte de la policía sobre su negativa de permitirles su libre movilización.  


Cabe mencionar que al consultar al Segundo Jefe Departamental de Matagalpa Comisionado Carlos Martinez Leyton,  sobre su presencia en el lugar refirió que la policía no hacia tranques y que eran ellos, refiriéndose a las personas que se  trasladaban en las caravanas, las que iban a realizar un tranque en la zona. Además, refirió que los transportistas necesitan permiso del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI para trasladar personas y que éstos no tenían dicho permiso ya que nunca lo solicitaron y que por ello se les impidió el pase. Esta versión fue negada en lugar por los participantes de la caravana quienes  expresaron que además de las negativa injustificada de los permisos los transportistas fueron amenazados les serian quitada las concesiones por lo que decidieron trasladarse en camiones hacia Managua.


Ante esta situación Elsa María Rodríguez, pobladora de Waslala refirió que ella apoya esta iniciativa  porque no quiere que la minera se establezca en Waslala ya que ello afectaría la calidad de vida de su familia y ella calidad de agua de la zona. Asimismo, rechazo la actitud de la policía por ser violatoria y limitativa de su derecho a manifestarse. Por su parte, Carlos Donaldo Siles Otero habitante de Rancho Grande  expresó que en el municipio desde hace 5 semanas, , se desarrolla un “paro escolar” por lo que en más de veinte comunidades los padres y madres de familia no están enviando a sus hijos a la escuela, ello como mecanismo de protesta  frente a la empresa minera B2gold y que su participación en esta marcha es parte de esta jornada cívica de protestas.


Lo expuesto deja en evidencia además de la violación de derechos  humanos como la igualdad, la libertad, la libre movilización y libertad de expresión, la colusión de la policía y el ejército con fuerzas para-estatales para la comisión de delitos. En tal sentido,  la intimidación a través de hombres armados vestidos de civil, ello sin que la policía actuara en procura de su  seguridad constituye un hecho que sienta un grave precedente y que contradice las garantías más fundamentales. Asimismo, es sumamente grave  la intervención de  militares como fuerzas de intimidación, lo que aviva en la población los recuerdos de un ejército represivo, máxime en estas zonas que fueron escenarios de guerra en los años ochenta.


Para el CENIDH la actuación policial y del ejército la que según diferentes medios de comunicación se repitió en otras zonas (San Lorenzo, Boaco y Santo Domingo, Chontales) es desafortunada e inaceptable, así como parte de una política estatal de exclusión e intimidación a los que piensan diferente y a su vez de alianza con el gran capital de Nicaragua y transnacional. El CENIDH manifiesta su  rechazo y condena a este hecho violatorio de los derechos humanos de la población. De igual modo, exigimos una investigación de lo sucedido y que cese a la represión estatal a las personas que se movilizan en la defensa de sus derechos. En tal sentido, reafirmamos que protestar es un derecho y que reprimir es un delito.





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