Del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para la Pre/ sesión del Examen Periódico Universal a Nicaragua organizada por UPR Info

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una asociación civil, sin fines de lucro que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de forma integral, con enfoque de género y generacional. Es miembro de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organizaciones con quienes elaboramos el Informe sobre la situación general de derechos humanos presentado para la segunda revisión a Nicaragua.

El gobierno no realizó ninguna consulta con organizaciones de la sociedad civil independientes como el Cenidh y como declara en su Informe, las instituciones publicas fueran las únicas consultadas.

Las organizaciones que participamos en esta pre sesión presentamos nuestro informe en la primera revisión y realizamos el cabildeo necesario tanto con las sedes diplomáticas a fin de que se plantearan recomendaciones y preguntas al Estado a fin de que la situación de derechos humanos en Nicaragua mejorara.

Durante el periodo comprendido en el informe presentado (junio 2010/ septiembre 2013) continuó el deterioro de la situación de derechos humanos en el país sin que las organizaciones que hacemos esta declaración observáramos voluntad de cumplir con las 109 recomendaciones resultantes de Examen practicado en 2010 y en muchos casos, confirmando que el gobierno actuó contra recomendaciones expresas.

Los puntos que abordaremos en esta declaración son: el deterioro de la institucionalidad democrática, y sus consecuencias como son las violaciones a los  derechos civiles y políticos y la impunidad que predomina respecto de estas violaciones y específicamente, los abusos policiales y la violencia hacia las mujeres.

También nos referiremos al limitado desempeño en el cumplimiento progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, y a los ataques y obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos.

I/ Deterioro de la institucionalidad democrática

Siguen siendo precarias las condiciones para el desempeño independiente de las magistraturas en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia y en otras instituciones obligadas a ejercer un control sobre el poder que tienda a mejorar la situación de los derechos humanos. Definitivamente, ha faltado voluntad para cumplir las recomendaciones que sobre este tema hicieron Canada, Azerbaiyán, Irlanda y España.

Se recomienda que la Asamblea Nacional proceda a elegir a todos los funcionarios con cargos vencidos de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes, garantizando la idoneidad de los electos y la renovación de  instituciones que han sido cuestionadas por no garantizar el respeto de los estándares de la democracia.

Pregunta: Qué pasos esta dando el legislativo para que quienes resulten electos sean personas idóneas y se garantice la renovación y el desempeño independiente de influencias partidarias?

II/ Violaciones de los derechos civiles y políticos

Respecto de los derechos civiles, particularmente el derecho a la vida remarcamos que distintos incidentes en los que perdieron la vida ex miembros de la Resistencia Nicaragüense no fueron debidamente investigados ni sancionados. Ordenes de libertad emitidas por los tribunales están siendo sometidas a un procedimiento de revisión por el Ministerio de Gobernación que tiene como consecuencia la detención ilegal en algunos casos por meses. Los centros penitenciarios están excedidos en su capacidad un 92% mientras el alojamiento en las celdas policiales esta excedido hasta cuatro y cinco veces la capacidad instalada arriesgando la seguridad de los detenidos y los custodios e imposibilitando gocen de condiciones dignas.

Recomendaciones

-     Llevar a cabo de manera urgente la ampliación y mejora de la infraestructura de los Centros Penitenciarios y de las celdas policiales a fin de superar el hacinamiento existente y los riesgos que representa para la vida y seguridad de privados de libertad y sus custodios.

-    Limitar el amplio listado de delitos en los cuales la ley exige que la persona sea juzgada en prisión preventiva.

Preguntas

-     Qué medidas tomará el Estado para garantizar que las sentencias dictadas por las autoridades judiciales  sean cumplidas sin demora, particularmente, para asegurar la legalidad y transparencia de su desempeño de manera que las órdenes de libertad emitidas no sean cuestionadas por el Ministerio de Gobernación como lo son actualmente?

-   Qué está haciendo el Estado para mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar que quienes enfrentan un proceso o han sido condenados están a la orden de las autoridades penitenciarias y no de autoridades policiales?

Respecto de los derechos políticos observamos que la falta de democracia se refleja en todos los ámbitos del quehacer estatal y ha tenido como una de sus expresiones principales los irregulares procesos electorales de 2011, 2012 y las recientes elecciones regionales en la Costa Caribe de marzo del presente año.

Se ha reprimido a la ciudadanía que protestó ante las irregularidades de estos procesos y violentado los derechos de los partidos de oposición y de sus candidatos así como los derechos de autoridades legislativas y municipales de oposición y del propio partido de gobierno y dichas violaciones han quedado en la impunidad por la falta de independencia de las instituciones de gobierno. Estados Unidos y Alemania hicieron valiosas recomendaciones para que se respetaran las reglas de la democracia, sin embargo, en el periodo se observó un mayor deterioro.

Se recomienda tomar todos los pasos necesarios para que la ciudadanía recobre la confianza en el Consejo Supremo Electoral y se garanticen elecciones libres, competitivas y transparentes.

Preguntas:

-     Qué pasos esta dando el Estado para establecer un recurso contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral de conformidad con lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos humanos en la sentencia del caso Yatama Vs. Estado de Nicaragua[1]?

-    De que manera garantizará el derecho de los diputados electos a desempeñarse en sus cargos si la reforma constitucional reciente establece como causal de separación el dejar de pertenecer a la bancada del partido político que les nominó?

Especial preocupación amerita el deterioro de la institucionalidad de la Policía Nacional ya que durante el periodo reportado fue instrumentalizada para reprimir las protestas ya fueran éstas por motivos políticos, en demanda de necesidades insatisfechas o incluso, para el ejercicio de los derechos ciudadanos como el derecho de conmemorar el día internacional de la Mujer o el día del orguyo gay.

A cuatro años de la primera revisión a Nicaragua se continúa impidiendo que organizaciones nacionales de observación electoral realicen su labor, tal y como lo recomendara Reino Unido.

Recomendación

      El Consejo Supremo Electoral debe garantizar que organizaciones de observación electoral como IPADE y Etica y Transparencia puedan observar las elecciones sin que se les continúe vetando ni excluyendo.

Pregunta:

    Qué pasos dio el Estado los últimos cuatro años para garantizar que organizaciones de observación nacional como IPADE y Etica y Transparencia puedan desarrollar su labor de observación de los procesos electorales como se recomendó en la primera revisión?

III/ Impunidad

La impunidad de las violaciones de derechos humanos predomina, tanto respecto de los abusos policiales (menos del 3% de los casos son llevados a los tribunales) y prevalecen las sanciones administrativas respecto de las cuales no se brinda la información suficiente. Actos de violencia protagonizados por las fuerzas de choque gubernamentales quedan en la impunidad por la falta de diligencia de las autoridades policiales y del Ministerio Público para que los responsables de dichos actos sean puestos a la orden de la autoridad. Así ocurrió en el caso de Leonor Martinez y más recientemente en junio 2013, en el caso de la agresión contra los jóvenes que apoyaron la protesta de los adultos mayores y fueron victimas de violencia y daños de consideración a sus bienes y a los vehículos en que se movilizaron al sitio de la vigilia.

En los últimos cuatro años más de trescientas mujeres han sido víctimas de femicidio. Sus familiares enfrentan obstáculos importantes para acceder a la justicia como lo evidencian casos expuestos en el Informe presentado. La penalización del aborto terapéutico decidida por el Legislador, respecto de la cual la Corte Suprema de Justicia luego de casi ocho años sigue sin pronunciarse a pesar que este fue uno de los temas que mereció mas recomendaciones de parte de las misiones diplomáticas.

Recomendaciones:

-  Garantizar investigaciones imparciales en los casos de agresión a ciudadanos que demandan sus derechos por parte de las fuerzas paraestatales y la policía.

-     Investigar y sancionar a los responsables de femicidios y violencia hacia las mujeres y las niñas.

-     Revisar la legislación que penaliza el aborto terapéutico a fin de evitar que la vida y la salud de las mujeres continúe amenazada por la prohibición.

IV/ Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El desempeño gubernamental respecto del cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales tampoco ha sido concordante con las recomendaciones recibidas. El gobierno no ha incrementado las asignaciones presupuestarias para educación, como lo recomendó Azerbaiyán y no ha logrado reducir de manera significativa la pobreza extrema. Así mismo, el presupuesto para salud no ha experimentado un incremento que permita a las unidades de salud brindar una atención de calidad ante una mayor demanda.

Los programas sociales administrados por el gobierno tienen fines clientelistas, los criterios para seleccionar a los beneficiarios no garantizan que se impida sean utilizados para fines partidarios.

Recomendaciones

-    Incrementar las asignaciones presupuestarias para la salud y educación a fin de garantizar el acceso y calidad de estos servicios.

-     No continuar utilizando los programas sociales con fines políticos y garantizar que la simpatía partidaria no será un criterio para seleccionar a los beneficiarios.

V/ Ataques y obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos

De igual forma, se ha obstaculizado la labor de defensa de los derechos humanos, impidiendo que el CENIDH realice las inspecciones independientes a los centros penitenciarios como lo recomendó Israel en la primera revisión. Son sistemáticos los ataques al CENIDH de parte de los medios oficiales o afines al gobierno, sean radiales o digitales. Por otra parte, el CENIDH ha conocido casos en que ciudadanos que ejercen la defensa de los derechos ante la minería  y en otras circunstancias son procesados así como casos de periodistas que fueron intimidados mediante la instrumentalización de la justicia o mediante amenazas que no fueron debidamente investigadas. No se ha reconocido la labor de los defensores ni creado el Observatorio recomendado en 2010. El desempeño del gobierno en este tema se alejó claramente de las recomendaciones formuladas por Canada, Irlanda, Republica Checa, Italia, Noruega y Francia.

Recomendación

-     Cesar la campaña de descalificación y estigmatización impulsada en medios propiedad del gobierno hacia el CENIDH ya que ésta amenaza la vida e integridad física de sus miembros y obstaculiza su quehacer ante las autoridades.

Pregunta

-      Por qué el gobierno no permite el acceso del CENIDH a los centros penitenciarios a pesar de reiteradas solicitudes de la organización y de la recomendación del Comité contra la Tortura formulada en 2009?

VI/ Derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes

A pesar que el Estado ratificó el Convenio No. 169, siguiendo una recomendación de la primera revisión bajo el EPU, los derechos colectivos continúan violándose y particularmente grave es el caso de la aprobación del Gran Canal Interoceanico sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos rama y kriol. El Estado no ha cumplido con la fase de saneamiento de los territorios de las comunidades y tampoco ha reformado la Ley Electoral para posibilitar que estos pueblos puedan participar en la vida política sin continuar imponiéndoles el modelo del partido político.

Preguntas

-       Qué medidas ha adoptado el Estado para implementar los aspectos pendientes de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Yatama?

-       De qué manera está abordando la invasión de los colonos a las propiedades de los pueblos indígenas y cuáles son las próximas acciones para garantizar el saneamiento de dichos territorios y detener el avance de la frontera agrícola.

En conclusión, ante el deterioro de la situación de ddhh, el cierre de espacios de participación y la falta de eficacia de los recursos internos en Nicaragua,  llamamos a las misiones diplomáticas que amablemente atendieron esta invitación, a demandar firmemente y coadyuvar al respeto de los compromisos internacionales de derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua.

Ginebra, 9 de abril de 2014

[1]La sentencia del 23 de junio de 2005 declaró al Estado responsable por la violación de derechos en perjuicio de los candidatos y candidatas propuestos por Yatama para las elecciones municipales de 2000. La Corte consideró lesionados derechos reconocidos por la Convención Americana sobre derechos humanos: garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y derechos políticos, todo ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.