El Señor José Luis Avendaño y la Señora María Elena Bravo, denunciaron ante el CENIDH que fueron estafados por la cantidad de 48 mil dólares. Además el Sistema de Justicia violó sus derechos ya que en el proceso por tratar de recuperar su dinero, acudieron al sistema de administración de justicia buscando la restitución de sus derechos, sin embargo se enfrentaron con actos que agravaron el despojo del que fueron víctimas.
En primera instancia el caso fue sometido al Tribunal de Jurado, mismo que les dio la razón en cuanto a la culpabilidad de la acusada, el judicial la condenó a 4 años de prisión, de los cuales únicamente estuvo seis meses, por cuanto el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el veredicto del Tribunal de Jurado el Msc. Norwin Solano, del CENIDH, calificó el hecho como un grave precedente para la seguridad jurídica de los y las nicaragüenses.
Los señores Avendaño y Bravo iniciaron las negociaciones para comprar una casa ubicada en el Barrio San Felipe de León, en enero del 2011, iniciaron las negociaciones y la transacción fue acordada con la dueña de la propiedad, quien les informó que la propiedad estaba hipotecada con un banco. Acudieron a la institución bancaria y les informaron que debía depositar 43 mil dólares para proceder a liberar Escritura de Cancelación de Hipoteca que pendía sobre la propiedad.
Según los denunciantes depositaron la cantidad de 43 mil dólares y 5 mil se los entregaron a la dueña del inmueble con lo cual suma un total de 48 mil dólares, quedando pendiente 20 mil dólares pues el acuerdo de la venta era por el monto de 68 mil dólares. Después que hicieron el depósito y que les extendieron la escritura de cancelación, la vendedora condicionó la firma de la escritura de compraventa aumentando el valor pactado en 10 mil dólares más, por lo que el caso se ventiló en los juzgados. Sin embargo, este veredicto fue revocado por el Tribunal de Apelaciones de León y posteriormente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte el abogado del CENIDH, manifestó que la situación denunciada es grave ya que no es común que el veredicto de un tribunal de jurado sea revocado, recordando que los tribunales de jurado son conformados por ciudadanos nicaragüenses que no tengan antecedentes penales, que no sean abogados, ni estudiantes de leyes, que no tengan parentesco con las personas que están en la contienda y menos que sea funcionario judicial; para que emitan su opinión sobre determinado caso o situación que se les presenta, si se violentan alguno de esos requisitos se puede anular ese tribunal de jurado.
El abogado del CENIDH agregó que es algo inusual, este hecho representa un grave precedente para la justicia en Nicaragua y es preocupante por la seguridad jurídica de todos y todas las nicaragüenses, versa contrariamente al fortalecimiento de la justicia en Nicaragua y mucho menos abona a la ya deteriorada imagen del poder judicial.