El contexto nacional se caracteriza por falta de oportunidades para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes: educación deficiente, condiciones precarias de salud, ausencia de condiciones de vida dignas y en general,  falta de condiciones necesarias para un nivel de vida adecuado. Esto se ve agravado por problemas como el maltrato físico y psíquico, su participación en las peores formas de trabajo y ante todo las diferentes formas de abuso y explotación sexual, violencia intrafamiliar y de género.
La situación de la niñez y adolescencia nicaragüense está marcada por dos ejes diametralmente distintos: la del discurso de restitución de derechos,  postura oficial del gobierno y la realidad cotidiana de violencia, exclusión, desigualdad social, precariedad económica y ausencia de oportunidades de desarrollo.
Salud, educación, desarrollo y protección integral, vivir libres de violencia son derechos que continúan siendo violentados por el Estado por acción u omisión. Datos estadísticos de fuentes oficiales, organismos nacionales e internacionales revelan que las condiciones de niños/as y adolescentes están lejos de garantizar su desarrollo integral e inserción social, lo cual se agrava en las zonas rurales donde el campo de posibilidades se reduce por la precarización de las condiciones de vida.
Cabe destacar que el acceso a información gubernamental es limitado y en otros casos desfasado. Por ello el impacto real de los programas de gobierno no es verificable para los fines de este Informe.   

Políticas y legislación nacional a favor de la infancia y la adolescencia
A finales de 2011 el Gobierno agregó dos nuevas políticas en materia de niñez y adolescencia: la Política Nacional de Primera Infancia: “Programa Amor para los más Chiquitos”; y la “Normativa para la Restitución de Derechos y Protección Especial de  Niñas, Niños y Adolescentes” del 7 noviembre de 2011, la cual está enfocada en las medidas de protección especial.
La Política para la Primera Infancia está dirigida a niños y niñas menores de 6 y a sus madres a  través de su atención integral en las áreas de salud, seguridad y soberanía alimentaria, educación, estimulación temprana, desarrollo sicomotriz, afectivo, cognitivo, comunicacional y en formación de valores. Sus objetivos se centran en la restitución de derechos, desarrollo integral y articulación de programas, planes y acciones en esta materia. Por su parte, la Normativa para la Restitución de Derechos y Protección Especial apunta a la coordinación de un sistema de protección especial dirigida a garantizar la protección de niñez y adolescencia, pero fundamentalmente desde el núcleo familiar dejando en un segundo plano la responsabilidad del Estado.  
En 2011, a partir de la presión de jóvenes universitarios,  se generó un debate alrededor de la reforma al capítulo III del Código de la Niñez y la Adolescencia referido al aumento de las penas, el cual llegó a la Asamblea Nacional. El propósito de este planteamiento era la disminución de la criminalidad adolescente a partir del endurecimiento de las penas. En el 2012 el debate giró en torno a esta reforma, sin embargo la presión de organizaciones que trabajan con la niñez y los planteamientos de organismos internacionales incidió para que se desistiera de impulsar tal reforma. 

En tal sentido, el Comité de Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas en 2012 observó el hecho de que doce años después de la entrada en vigencia del Código, éste  todavía no goza de la prioridad necesaria y su falta de recursos institucionales, humanos, técnicos y financieras dificulta su plena aplicación. A partir del debate en torno al aumento de las penas desde la sociedad civil se dieron aportes sobre la beligerancia del Estado en su implementación efectiva.  Sin embargo, estos aspectos tampoco fueron considerados.

Por otra parte, en marzo de 2012 la Asamblea Nacional aprobó en lo general el nuevo Código de la Familia. Entre las nuevas normas se encuentra la creación de juzgados especializados en materia de familia, como el matrimonio, los divorcios, la guarda y tutela de los hijos y las pensiones de alimentos. Los procesos en materia de familia serán orales y los juicios tendrán que desarrollarse con prontitud e  inmediatez, entre otros aspectos de importancia. 
El nuevo Código establece que las pensiones alimenticias serán dictaminadas de acuerdo a los ingresos totales del padre, estableciendo un porcentaje del 25 por ciento para un hijo, 35 por ciento cuando sean dos hijos y 50 por ciento cuando sean tres o más hijos. También contempla que los padres tendrán que dar manutención a sus hijos hasta los 24 años y no hasta los 18, como era  anteriormente. 
Una de las principales críticas, desde algunas organizaciones de la sociedad civil,  tiene que ver con la organización de la intimidad, ámbito privado, y es que el Código interviene excesiva y abusivamente en la vida privada de las personas, habilitando al Estado a través de los Gabinetes de Familia para invadir determinadas esferas de la vida privada valiéndose incluso de instrumentos coercitivos, de inspiración autoritaria y regresivo en relación a la concepción del Estado laico.

El CENIDH considera que el Código de Familia, por cuanto hace a lo comentado, será una herramienta más con la que contará el gobierno para intervenir, ideologizar y regular las familias.

El Código de la Familia deja en evidencia una contradicción preocupante en cuanto al rol del Estado, por un lado plantea una fuerte intervención en relación al tipo de familia y la regulación de ésta. No obstante, en aspectos trascendentales como la salud y educación, donde el Estadodebería tener un rol más beligerante, deja en las familiasla responsabilidad de procurar el bienestar de los hijos e hijas.
En ninguna parte plantea cómo el Estado va a intervenir para asegurar el máximo de bienestar posible a las familias, particularmente para las más pobres. Otra forma de obviar la responsabilidad del Estado es la  norma que establece que cuando la familia original no esté en condiciones de responder a las necesidades de las niñas y los niños hay que buscar quien lo haga entre los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Es correcto que sean éstos quienes asuman su cuido y protección, sin embargo no se norma cómo el Estado procederá en aquellos casos que las familias carezcan de las condiciones materiales  y emocionales que garanticen el desarrollo integral del niño/a.

Derechos reproductivos
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que entre 2.5 y 10.8 %  de adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años son madres en los países de América Latina y el Caribe. Una de las regiones más afectadas por embarazos tempranos es Centroamérica, donde Nicaragua encabeza la lista con un 27 % de mujeres madres en ese rango de edad. El discurso gubernamental que idealiza la maternidad como destino manifiesto favorece esta situación, al igual determinados argumentos religiosos promueven la maternidad sin importar su edad o condición.

El 25 % de las embarazadas en Nicaragua son adolescentes, de cada cuatro embarazos registrados, uno corresponde a una menor de 19 años. Cabe destacar que en las zonas rurales la natalidad entre adolescentes se eleva al 30 %, siendo las principales causas: la pobreza, la falta de oportunidades y una  educación de baja calidad.  Según el UNFPAcerca de 1,700 niñas entre 10 y 14 años de edad, se embarazan, especialmente a causa de violaciones, siendo los victimarios hombres entre los 16 y 22 años de edad.

El fenómeno del embarazo adolescente se agravó con la penalización inconstitucional del aborto terapéutico, lo que deja sin opciones a las menores embarazadas que sufrieron una violación.

A finales de 2011 la culminación del embarazo de una niña de 12 años del municipio de Prinzapolka (WalpaSiksa), una de las regiones más pobres del país,  fue presentado por el gobierno como un logro, obviando que una menor de esa edad no se encuentra preparada ni biológica ni emocionalmente para ser madre. El enfoque del Gobierno sobre los embarazos resultantes de estos delitos, contribuye a que en el imaginario colectivo se establezca la maternidad infantil como aceptable e incluso, la violación de las niñas, como aceptable.  Luego del parto las autoridades no han brindado información sobre las condiciones de la madre prematura ni del bebe, así como de las acciones de los operadores de justicia para judicializar a quien la abusó sexualmente. 

En tal sentido, el Código de la Familia que invoca desde sus principios rectores el interés superior de la niña y del niño, establece que el sistema nacional de educación tiene que respetar el derecho de las niñas y adolescentes embarazadas. Esta norma es un avance importante ya que es válida la no exclusión en el sistema educativo de las adolescentes embarazadas,  las que según las cifras mencionadas constituyen un importante segmento de la población.
Sin embargo, esa decisión, sumada a la prohibición del aborto terapéutico constituye la aceptación  por parte del Estado de la violación y la maternidad como un hecho biológico forzado y no como un hecho sociocultural, sicológico y afectivo.

Derecho a vivir libres de violencia

Cada año, las Comisarías de la Mujer y la Niñez reportan más de treinta mil denuncias  con un similar número de víctimas, el 2012 no fue la excepción. En relación a los femicidios, de las 85 mujeres víctimas reportadas 47 eran menores de 30 años, siendo el rango de edad más afectado entre los 21 y los 30 años con más de la tercera parte. Cabe destacar que de las víctimas dos niñas antes de ser asesinadas fueron secuestradas, torturadas y sus cuerpos fueron encontrados en predios baldíos semienterradas, lo que demuestra el odio y desprecio hacia la vida de las niñas.

Estos datos son concordantes con las denuncias reportadas durante el primer semestre del 2012 las que reflejan que entre los grupos  por edad más afectados está el de jóvenes de 18 a 25 años, siendo el 25 % de las víctimas (4614)  incrementándose en un 6.41 % en relación al primer semestre del 2011 y de 13 a 17 años con el 23 % de las víctimas (4357), lo que suma el 48 % del número total de víctimas sin incluir a  aquellas víctimas menores de 13 años y  entre 26 y 30 años, con lo cual esta cifra rebasaría con facilidad el 50 %. 

La casa sigue siendo el lugar con mayor prevalencia de estos delitos, siendo casi el 60 %  de los femicidios se cometen en este lugar.

Según el referido Informe Estadístico, el primer semestre del 2012, registra un total de 4,355 niños y adolescentes víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, reportando un incremento del 6.81% (278) víctimas en relación al período homólogo 2011 (4,077). Los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual representaron en el primer semestre,  el 80% del total de víctimas por este flagelo a nivel nacional (1,870). Las estadísticas oficiales representan una aproximación a una situación que todavía es más grave, si se considera que el abuso sexual y el incesto a niños y adolescentes continúan siendo un tabú y por ende no se denuncian.

Por otra parte, en Nicaragua cada año decenas de mujeres mueren asesinadas por sus esposos, compañeros y ex compañeros de vida. Muchas de ellas dejan en la orfandad a hijos e hijas quienes en su mayoría quedan con la familia materna, pues los padres o huyen de la justicia, se suicidan o son procesados por el delito cometido y terminan cumpliendo una condena.

Según el monitoreo de la RMCV del total de mujeres asesinadas  en el 2011 se cuantifican  55 hijos/as e hijas desamparadas que oscilan de 0 a 20 años, solo en el primer trimestre del 2012 de las 23 mujeres asesinadas  12 dejaron 34 niñas y niños menores de 10 años en la orfandad. Los niños y niñas “pierden” de un tajo a su madre y a su padre, quedándose sin sus referentes afectivos, emocionales y en una situación social y económica precaria. 

No obstante, obviando el principio de protección integral, la respuesta del Estado está ausente. Según información de MIFAN no existen protocolos de atención en casos de familias donde se da un femicidio. La postura oficial es que de presentarse un caso el niño o niña debe quedarse con un familiar porque desde el Ministerio no se pretende sustituir la responsabilidad de la familia, sino lo contrario, que sea ésta quien asuma la protección y cuido de los menores.
Esta omisión no considera que la realidad en la que viven estos niños/as y adolescentes en la mayoría de los casos es de exclusión y pobreza, de ninguna manera compatible con el principio jurídico de desarrollo integral quien desde sus condiciones estructurales y con el fardo a cuestas que implica la pérdida de su madre y padre difícilmente  podrá desarrollarse integralmente.


Derecho a la recreación

Este derecho se centra en unas áreas reducidas del territorio nacional: fundamentalmente en  el Pacífico y específicamente en Managua y se enfoca en el remozamiento de parques emblemáticos como el parque Luis Alfonso Velázquez, la instalación a fin de año del Parque de la Niñez Feliz y la realización de actividades organizadas por la Promotoría Social de la Juventud Sandinista.

El CENIDH considera que aunque la estrategia gubernamental esta reducida a la inversión en  los centros de mayor concentración poblacional (urbanos) el rescate del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, abandonado por casi dos décadas, constituye un esfuerzo importante de cara a la recreación de una parte de la población capitalina. La inversión en 2012 de 46 millones de Córdobas, según datos de la Alcaldía de Managua, y con una proyección de 25 millones de Córdobas para 2013, lo convierte en el parque con las mejores condiciones del país.


La estrategia del gobierno es: enfatizar en los centros de mayor concentración poblacional y la generalización de esta realidad a través de los medios oficialistas. Dentro de esta estrategia de recreación no se logra visualizar otras actividades de relevancia como el fomento masivo de la lectura aun cuando es conocido que la ausencia de la cultura de la lectura es una problemática que incide en la calidad educativa.

De igual manera, no se visualizan programas con carácter sistemático y articulados desde el modelo educativo que hagan el derecho de recreación parte del proceso de enseñanza aprendizaje. Finalmente, queda en evidencia en 2012 que desde la estrategia de gobierno la recreación es garantizada  directamente desde el Ejecutivo y como un acto de “buena voluntad” de la pareja presidencial, en tal sentido,  el protagonismo de los gobiernos locales es relegado a un tercer plano.

Derecho a la educación

La educación es determinante para potenciar el desarrollo integral de un país, mayores niveles de educación y formación se traducen en mayores y mejores oportunidades de empleo y condiciones de vida.  Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, de los cuales el país es suscriptor, se encuentran: lograr la enseñanza primaria universal, es decir, garantizar que todos los niños y niñas completen el ciclo de Primaria en 2015. Sin embargo, a 3 años de la fecha prevista, Nicaragua es el tercer país de Centroamérica que menos presupuesto destina a educación y a nivel de Primaria, la nación que menos invierte al año por cada alumno.
Pese a su relevancia e impacto en el desarrollo social y económico del país en el presupuesto 2012 se asignó para la educación Primaria y Secundaria unos tres mil ochocientos millones de Córdobas, 1.3 veces más que el presupuesto militar en 2012 que fue de casi los un mil seiscientos millones de córdobas para un país que no se encuentra en guerra, pero tres veces menos de lo que invierte Honduras en Educación, quien junto a Nicaragua se ubica entre los países más empobrecidos de América, lo anterior evidencia que la asignación presupuestaria depende en mayor medida de la voluntad política.  
La escasa asignación de recursos queda en evidencia en la todavía insuficiente infraestructura educativa. Estudios de organismos independientes calculan que 22.3 por ciento de los niños y niñas en edad de educación Primaria no se matriculan porque las escuelas están muy lejanas. Asimismo, se evidencia en el insuficiente número de maestros/as por lo que en zonas rurales es común encontrar los multigrados donde un solo educador asume la Primaria completa. Tales situaciones están lejos de aportar a una educación con calidad. 
El CENIDH considera que parte importante para la solución de la difícil situación en la que se encuentra la educación Primaria en Nicaragua pasa por la asignación el 7% del Producto Interno Bruto, PIB, centrando los esfuerzos en el cierre de las brechas en la condición social de las niñas, niños y adolescentes, particularmente de aquellos pertenecientes a grupos indígenas, afro-descendientes y provenientes de zonas rurales.
El acceso a la salud de la niñez y adolescencia
La asignación presupuestaria en materia de salud no presentó un incremento que permitiera mejorar la atención de la niñez y adolescencia a la salud. El incremento nominal de dicha asignación en siete años ha sido 2.1 puntos porcentuales si se consideran las tendencias inflacionarias y otros fenómenos económicos como la devaluación se verá que en términos reales el incremento no es tal. Aunque hay cierta mejoría en el presupuesto de salud, ésta no es lo suficientemente significativa para optimizar de alguna manera el desempeño e impacto de los principales indicadores que miden el acceso, cobertura, equidad y calidad de los servicios de salud a la población, en especial hacia la niñez y adolescencia.
Un avance importante ratificado por la FAO, en el marco de los Programas de Soberanía Alimentaria,  es la disminución de la desnutrición crónica a la mitad, cumpliendo con ello los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que constituye un avance continuo y sostenido en relación al resto de países del área. Solo en el período del 2006 al 2011 en niños de 1 a 4 años que asisten a los controles del MINSA, se disminuyó de 50,872 en 2006 a 20,580 en 2011, para una reducción de más del 50%. No obstante, la desnutrición continúa siendo alta con un 19 % y representa un desafío importante para el gobierno.
Trabajo infantil

Cifras divulgadas por la OIT en 2012 indican que en el mundo existen unos 215 millones de niños y niñas trabajadores/as, de los que más de la mitad realizan actividades peligrosas y cada minuto muere uno de ellos/as por accidentes, enfermedadesogravestraumaspsicológicos.Por su parte, en Latinoamérica se calcula que los niños y niñas trabajadores/as suman 1.5 millones quienes tienen edades comprendidas entre 4 a 15 años.
En Nicaragua, miles de infantes trabajan en condiciones que les privan de su niñez, limitan su desarrollo y  violentan su dignidad. Según la última Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil del 2005, 238,000 niños, niñas y adolescentes están expuestos a la explotación laboral; se destaca que el 2.4% de la niñez tiene entre cinco y nueve años.
Evidentemente, este problema es multicausal, habiendo factores estructurales como culturales tales como la pobreza, la falta de infraestructura educativa, “valores” familiares y comunitarios que fomentan el trabajo infantil, siendo las áreas rurales las más propensas a esta violación de derechos humanos.
En tal sentido, la más reciente Encuesta de Medición del Nivel de Vida del INIDE del 2009 señala que de 100 niños/as que se matriculan en Primaria  en las áreas rurales solo 33 logran terminar el sexto grado ya que la pobreza obliga a involucrar a todos los miembros de la familia en actividades de sobrevivencia.
Según fuentes gubernamentales,  entre los avances destaca que el MIFAN, el MINED y la Promotoría Solidaria atendieron en 2011 a 18, 380 niños multiplicando su cobertura 16. 54 veces en relación a 2006. Además, en el período 2007-2011 se logró que 23,555 niños, niñas y adolescentes trabajadores y en la calle se integraran al sistema escolar, según datos oficiales.
Es fundamental que el Estado no sólo sancione aquellos padres y madres que obligan a sus hijos e hijas a trabajar, sino que se convierta en generador de capacidades y de empleos que permitan la reinserción laboral de estas personas, mejorando así sus condiciones de vida y por ende las de sus hijos e hijas.
Vale destacar que en esta materia el Estado nicaragüense no cuenta con cifras oficiales recientes, las existentes son del año 2005, lo cual no permite desarrollar un estrategia de intervención pertinente y coherente con la situación actual de los niños y niñas trabajadoras ni tampoco evaluar de manera adecuada el impacto de las políticas que se están implementando.
Casos de niñez y adolescencia atendidos por el CENIDH  
Durante el 2012, el CENIDH  atendió  un total de 135 denuncias sobre violación a los derechos de la niñez y adolescencia, equivalentes al 12. 46 % del total de denuncias recibidas. Los más denunciados  fueron los padres con 82 denuncias, la Policía Nacional con 26 denuncias, el MIFAN y el Poder Judicial con 18 denuncias, lográndose comprobar en 97 casos la violación de derechos humanos.
Los derechos violentados por orden de menciones fueron: protección integral (54), alimentos, (53), vivir libre de violencia (46), integridad psicológica  (35), acceso a la justicia (27). En la atención a estos casos se evidencian algunas características como que son sus padres y familiares cercanos los denunciados, lo que se agrava con una intervención poco beligerante de las autoridades estatales en la tutela de los derechos.
A manera de muestra, vale destacar que en las filiales del CENIDH de Estelí y Matagalpa un porcentaje superior al 95 de los denunciados fueron particulares, siendo un indicador que es la casa el lugar menos seguro para la niñez y la adolescencia, lo que resulta paradójico y preocupante, más aun cuando la política gubernamental enfatiza en el rol protagónico de la familia en la protección integral en detrimento de la función estatal.
Cabe destacar que en los últimos años ha habido una disminución en el número de casos  de niñez y adolescencia recibidospor el CENIDH principalmente debido a la creación y funcionamiento de instancias como la Defensoría Pública que privilegia la atención en litigios de alimentos y casos de familia y no por la superación de concepciones machistas y adultistas.
Durante el 2012 destaca por su gravedad el caso de violación cometida por agentes policiales de la seguridad presidencial y un vigilante privado en contra de una niña discapacitada de 12 años de edad, el cual fue ampliamente abordado bajo el tema Acceso a la Justicia en el presente Informe.
El CENIDH acompañó diferentes denuncias de abuso sexual, encontrando en algunos casos evidencias de retardación de justicia, poca beligerancia del Ministerio Público, serias debilidades en el proceso investigativo (documentación del caso) y la imposición de penas mínimas por parte de los jueces. Tal fue el caso de Yaritza y la impunidad en el caso de la violación en perjuicio de una niña por la que fuera acusado el beisbolista profesional Jimmy González, ambos abordados bajo el título Acceso a la Justicia en el presente Informe.
Finalmente, la impunidad en la que quedó la denuncia de K.M, adolescente de 17 años de edad y madre de un recién nacido,confirma que la Ley de Responsabilidad Paterna y Materna no se aplica en cuanto a la inscripción del presunto padre, pues en el Registro del Estado Civil de las Personas de Ciudad Sandino alegaron no contar con los recursos humanos y técnicos que permitirían proceder a su  inscripción. El caso fue expuesto bajo el título Acceso a la Justicia en el presente Informe.

Situación de la juventud nicaragüense

En cuanto a la juventud nicaragüense la situación nacional es de claros y obscuros, en tal sentido el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011 dedicado a la Juventud enfatiza en que  la juventud actual cuenta con mayores capacidades generadas que ninguna otra generación, siendo tales condiciones propicias para el desarrollo económico del país. En Nicaragua, la población en edad de trabajar (entre 15 y 60 años)  ha crecido desde 1990 en más de dos millones de personas. Actualmente las personas en edad de trabajar duplican a los niños y adultos mayores dependientes económicamente.

El grueso de la población es joven, actualmente Nicaragua atraviesa el bono demográfico, es decir las personas adolescentes y jóvenes representan la mitad de las personas en edad de trabajar por lo que el desarrollo del país depende de políticas sociales que permitan ampliar las capacidades y destrezas de las juventudes para que ellas tomen parte de los procesos de toma decisiones a diferentes niveles y en las acciones que inciden en el bienestar colectivo.
Y aunque actualmente,  la población joven posee capacidades para desarrollarse, no todos y todas tienen las mismas oportunidades de hacerlo. Existen brechas profundas  entre la población rural y la población urbana; entre las mujeres y los hombres y en relación a las personas discapacitadas, indígenas y afro caribeñas, así como  para las personas con opciones sexuales diferentes.
Para el CENIDH, el modelo de desarrollo actual no está aprovechando el bono demográfico ni la existencia de mayores capacidades en los jóvenes. A nivel presupuestario no se prioriza la inversión en educación de calidad y aunque se ha invertido en infraestructura, sobre todo en las zonas urbanas, las brechas entre diferentes sectores continúan existiendo. 

El promedio de la juventud nicaragüense alcanza nueve años de escolaridad, sin embargo este promedio es más bajo en áreas rurales o para jóvenes con discapacidad. Asimismo, el modelo económico vigente no ha sido generador de suficientes empleos bien remunerados y de calidad que permitan aprovechar esta oportunidad irrepetible, dejando sin opciones laborales a una parte importante de la población. 

En junio de 2012, la Bancada Democrática Nicaragüense BDN, presentó la iniciativa de ley: “Ley de Promoción del Contrato de Primer Empleo para la Juventud” a fin de motivar en el sector empresarial, la contratación de jóvenes recién egresados. Pese a su pertinencia social esta iniciativa a la fecha se encuentra engavetada, lo que deja al descubierto el desinterés gubernamental en leyes y políticas promovidas por la oposición aunque las mismas estén dirigidas al aprovechamiento del potencial de la juventud nicaragüense.

La juventud es resaltada como  un actor importante en el discurso gubernamental. Sin embargo, es un discurso vacío de contenido ya que en la práctica  no guarda la debida correspondencia respecto de la participación efectiva en las decisiones ni una mayor representación en cargos de poder. No obstante, su organización y movilización hacia causas ambientales es  positiva ya que les motiva a involucrarse en favor del ambiente.

En el contexto de las elecciones municipales llamó la atención la renuncia pública de la dirigencia de la Juventud Sandinista a cargos de elección popular con el argumento que tal decisión fortalecía al  partido y evitaba la división. Tales posiciones evidencia la fragilidad de la juventud cuando del acceso al poder se trata.

El CENIDH considera que el contexto aún está marcado por la ausencia de políticas gubernamentales que apunten a la  generación de oportunidades reales que favorezcan el desarrollo integral de las juventudes y que aborde adecuadamente problemáticas sociales como la violencia, la discriminación y la exclusión social. No bastan los carnavales, conciertos y estadios virtuales.


La Ley de Promoción para el Desarrollo Integral de la Juventud
Según la Ley de Promoción para el Desarrollo Integral de la Juventud, se entiende por jóvenes a aquellas personas entre 18 y 30 años de edad, representando este segmento de edad un amplio sector de la población nicaragüense. Pese al  avance que la misma significó, actualmente se encuentra prácticamente ausente  como marco normativo de referencia.
El actual gobierno no aplica esta Ley, sus esfuerzos se centran en  ubicar a la juventud como activista en los programas sociales más que como protagonistas de la vida política. Así, otras leyes importantes como la Ley de Participación Ciudadana parecieran no existir, aunque las mismas nunca fueron derogadas.
Lo anterior sugiere que el propósito gubernamental es generar clientelismo político a través de una cultura del consumo del ocio, principalmente en los centros urbanos del Pacifico. No se ve ese mismo empeño  en la inversión en educación con calidad y en la educación técnica como una alternativa de cara al aprovechamiento del bono demográfico.  
Juventudes y participación en los espacios públicos
La participación juvenil en los espacios de toma de decisiones es fundamental para generar cambios y desmitificar  la opinión adultista que considera que las juventudes son apáticas  y que se involucran muy poco en la política. Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2011, los/as adolescentes y jóvenes confían en la organización colectiva como una alternativa para encontrar soluciones en sus comunidades.
Una de las herramientas fundamentales para orientar la participación de las juventudes es la Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana la cual establece instrumentos y espacios para hacerse escuchar y lograr algún tipo de incidencia a nivel local o nacional. Vale decir que ésta  promueve la organización de la población en asociaciones y organizaciones gremiales, sectoriales y sociales. De igual modo crea instancias de participación en distintos niveles, así como el mecanismo para realizar una denuncia o una solicitud ante un/a funcionario/a público/a.
Otra herramienta es la Ley de Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud que establece tres instancias para la participación de la juventud y para el desarrollo de las políticas de juventudes. Asimismo recoge derechos y deberes de la juventud, como las líneas generales de: políticas de promoción de la juventud, políticas de promoción del empleo, políticas sociales de educación, salud recreación, cultura, deportes todas ellas articuladas en función del desarrollo integral de la juventud. 

No obstante, su relevancia estas leyes fueron sustituidas por los espacios partidarios del FSLN y las estructuras de participación centrada alrededor de los Gabinetes del Poder Ciudadano. En tal sentido, la ausencia de una política gubernamental en materia de juventud que aplique leyes como la ley de Juventud y la Ley de Participación Ciudadana dificulta más la creación de condiciones propicias que favorezcan el desarrollo integral de la juventud nicaragüense.
Cabe destacar que en materia de participación, el Informe de Desarrollo Humano señala que el 55 % de adolescentes y jóvenes  no tiene experiencia participativa y que el grueso de los que participan se encuentran en el segmento de los que estudian y trabajan (Participa 40.8 %) y la menor participación está entre quienes no estudian ni trabajan en cuyo sector solo el 17. 6 % participa. En términos globales el perfil del (de la) joven que participa: estudiante (universitario y técnico) y trabajador.

Según este Informe, las juventudes se consideran protagonistas del desarrollo, pero se perciben sin poder decisión para cambiar sus realidades. Tanto en el ámbito legal como político, social y económico adolescentes hombres y mujeres tienen menos poder que los mayores, lo que los hace más vulnerables a situaciones de violencia. Esta falta de poder también debilita sus demandas por el cumplimiento de sus derechos a la salud, educación, protección, participación y medios de vida digna.
Este protagonismo se difumina con un estilo de liderazgo gubernamental que gira alrededor de la pareja presidencial, la lealtad a un proyecto familiar-partidario y el veto a la crítica de los liderazgos. En ese sentido, algunos de los factores que desmotivan la participación de adolescentes y jóvenes en actividades colectivas están vinculadas a las formas de organización (establecidas por personas adultas), a la imposición de agendas y acciones y al escaso reconocimiento de las capacidades de la población joven.
Los datos proporcionados por el INDH y otros estudios revelan la necesidad de transformar el poder político que tiene que ver con un poder autoritario, patriarcal y violatorio de los derechos de las demás personas. No se puede construir un nuevo liderazgo partiendo de los cimientos de este poder que merece ser superado. 
En el marco del proyecto desarrollado por el CENIDH con recursos de EIRENE Cultura de Paz dirigido a juventudes de cinco municipios se pudo constatar la motivación de los/as jóvenes de participar en espacios asociativos de cara a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Juventudes y derecho al trabajo
En Nicaragua, del total de personas en edad de trabajar, el 70 % se encuentra en el sector informal, es decir el sector más precario e inseguro. Sólo el 30% trabaja en el sector formal, con seguridad social y prestaciones sociales y sólo el 12% de las personas adultas mayores reciben pensión. Esta realidad no es ajena a los y las jóvenes a los cuales se les reducen las opciones de desarrollo laboral al mercado informal en condiciones precarias, con ingresos de sobrevivencia y sin la certeza de una pensión en su vejez. 
Estudios de especialistas y fuentes gubernamentales coinciden que en Nicaragua existen alrededor de 500 mil jóvenes  que ni trabajan ni estudian  ya que no acceden al mercado laboral ni a la educación  universitaria y/o técnica.
 La falta de oportunidades laborales y de estudio los deja en una situación de vulnerabilidad ante la trata de personas, explotación sexual, narcotráfico y los grupos juveniles en conflicto con la ley. En tal sentido es obligación del Estado generar esas oportunidades de desarrollo integral. La iniciativa de ley del Primer Empleo puede llegar a ser un instrumento de política pública importante.

Juventudes y derecho a la salud
En Nicaragua, las juventudes enfrentan los mismos problemas que la mayoría de la población en cuanto a acceso a la salud, incluso una posición de desventaja en relación a otros grupos y también enfrentan problemáticas que según las estadísticas les afectan en mayor medida.

Según informes de la Policía, para el rango de edad entre 15 y 29 años, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad y es en el último semestre, los percances viales cobraron la vida de más de 700 personas, siendo las causas de la mayoría de los accidentes con víctimas mortales el consumo de licor y el abuso de la velocidad al conducir. Este dato refleja una situación de salud pública que constituye una problemática de relevancia que debe ser atendida de manera prioritaria.

Así mismo, a partir del monitoreo en medios de comunicación durante el primer semestre de 2012 es notorio el involucramiento de los jóvenes, como víctimas y victimarios, en crímenes violentos. Datos de la Comisaría de la Mujer y la Niñez ubican a los hombres jóvenes como una parte importante del porcentaje total de victimarios en delitos de violencia de género y abuso sexual (18 a 25 años con el 25.35%). Esto evidencia que buena parte de la población joven recurre a la violencia  para resolver sus problemas.

Esta situación genera graves daños tanto a nivel físicos como emocionales, considerando que en muchos casos la violencia trae como resultado lesiones gravísimas y hasta la muerte. El Estado debe asumir su responsabilidad en cuanto a la deconstrucción de un modelo machista basado en la masculinidad violenta que no sólo causa daño a un importante número de mujeres, en los casos de violencia de género, sino a los mismos victimarios. El modelo educativo debe de incluir como un eje transversal la educación en nuevas pautas de comportamiento basadas en el diálogo, la resolución pacífica de controversias, el respeto a los diferentes y a las diferencias y la igualdad de género.
Finamente, la penalización del aborto terapéutico además de ser una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos afecta de particular manera al segmento juvenil cuyos índices revelan que son más propensos a los delitos de orden sexual y a los embarazos tempranos. La prohibición violenta los derechos humanos de los/as jóvenes y los  expone a  abortos inseguros,  que atentan contra sus vidas e integridad física.

CENIDH realiza Primer Campamento con Jóvenes
Del 24 al 27 de septiembre de 2012 el CENIDH, como parte de las actividades impulsadas por el Proyecto Cultura de Paz que cuenta con el apoyo de Eirene Alemania, realizó un campamento con la participación de casi un centenar de promotores/as  jóvenes de áreas urbanas y rurales procedentes de veinte municipios del país (54 mujeres y 39 varones).  Este espacio permitió conocer de primera mano las problemáticas de estos jóvenes: inseguridad, desempleo, violencia de género, discriminación entre otras limitantes y contribuir a la solución pacífica de las controversias teniendo como base el respeto de los derechos humanos. El análisis de la coyuntura en un ambiente lúdico dio paso al planteamiento de alternativas de solución desde expresiones artísticas como el canto, el baile, la pintura y el teatro.  
Los saberes y experiencias compartidas durante tres días dejaron en evidencia  los desafíos del contexto actual y la existencia de hombre y mujeres jóvenes comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos. Este espacio fue la culminación de un proceso de formación y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos con juventudes entre 16 y 24 años del Pacífico, Centro y Norte del país.