CENIDH considera que Estado no cumplió con sentencia en el caso de Yatama
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, Junto con el Representante Legal del Partido Indígena YATAMA , hicieron una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humano, sobre el cumplimiento de la sentencia de dicho órgano regional, en el marco del 99 Periodo Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica, sentencia que el Estado nicaragüense no cumplió con las medidas sustanciales de reparación como es la reforma a la Ley Electoral.
En esa oportunidad la Corte declaró la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial efectiva de los candidatos de la agrupación política indígena Yatama, quienes fueron excluidos arbitrariamente de participar en las elecciones municipales del 5 de noviembre del año 2000 en las Regiones Autónomas de Nicaragua.
Tanto CEJIL y CENIDH, consideran que “a 13 años de ocurridos los hechos y 8 años de la sentencia sobre el caso, se han celebrado 4 elecciones municipales, 4 elecciones regionales y 3 elecciones nacionales, en las que se han presentado problemas relacionados con la debilidad del sistema electoral y no obstante, el Estado sigue aplicando normas que son violatorias de derechos humanos”.
El 23 de mayo de 2012 el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, publicó la Ley No. 790, que reformó la Ley Electoral No. 331, dicha reforma fue aprobada en cuatro días, tras haber logrado 77 votos de los 92 diputados y diputadas que conforman la Asamblea Nacional de Nicaragua, sin embargo ninguno de los 25 artículos reformados se refieren a los ordenó la Corte Interamericana.
La sentencia de la Corte IDH fue clara en establecer que la posibilidad de participación en procesos electorales únicamente a través de partidos políticos restringía indebidamente el ejercicio de los derechos políticos de los candidatos indígenas.
Finalmente los representantes de las organizaciones y de las víctimas, lamentaron la ausencia de la representación del Estado lo que refleja el menosprecio al cumplimiento de las sentencias de este órgano regional, con jurisdicción para conocer los casos en los que se denuncie a los Estados de violar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.
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