El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), desde su fundación hace 27 años, ha acompañado el desarrollo democrático del país, vigilante de que los gobiernos  respeten los derechos humanos de la ciudadanía. En este difícil camino, los procesos electorales han jugado un papel clave en la construcción del Estado de Derecho. Han significado también una salida cívica a años de guerra y a contextos marcados por la violencia. Y con la alta participación en muchos de ellos, la población refrendó el nacimiento de nuestra incipiente democracia.

A partir del 2007, con la llegada de Daniel Ortega al gobierno, hemos asistido a un retroceso continuo y creciente: desmantelamiento de los avances democráticos, demolición de la institucionalidad, colapso de los sistemas electoral y de partidos políticos y, en consecuencia, creciente indefensión de la población que no se identifica con el actual modelo impuesto.   En estos diez años Daniel Ortega violó la Constitución Política, y después, con sus  diputados incondicionales, la reformó a su medida; también ha violado y luego reformado las leyes del Ejército y de la Policía, a fin de  consolidar su modelo de poder autoritario.

En vísperas de nuevos comicios, señalamos la violación de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, especialmente el derecho a la participación mediante el sufragio universal, igual, libre y secreto y el derecho a elegir y a ser elegido. Desde hace diez años los procesos electorales no cumplen su función de perfeccionar el sistema democrático con el debate y la participación activa de la población. Su carácter fraudulento los ha convertido en una herramienta para consolidar un modelo de gobierno basado en el control cada vez más férreo del aparato estatal y de la sociedad, es decir, en una dictadura institucional.

También ha anulado de hecho la Ley de Participación Ciudadana y ha socavado el régimen de autonomía municipal para lograr el sometimiento de los gobiernos locales   ni siquiera al gobierno central, sino a su esposa, quien ha estado al frente durante nueve años del llamado Consejo de Comunicación y Ciudadanía y ahora es la Vicepresidenta de la República. 

La permanencia de Daniel Ortega en el gobierno está signada por claras rupturas de los estándares democráticos mínimos. Los fraudulentos comicios municipales del 2008 y 2012 y los presidenciales del 2011 y 2016, le permitieron, por un lado, controlar casi todas  las alcaldías (127 de 153); y por otro, continuar ininterrumpidamente en el poder, dominando todas las instituciones del Estado desde el Ejecutivo y garantizándose convenientemente  en la Asamblea Nacional casi el 80 por ciento de los diputados (71 de 90).

Debemos recordar que para postularse como candidato presidencial en los comicios del 2011, Ortega tuvo que violentar dos candados institucionales que se lo impedían legalmente, mediante una amañada sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Llegamos así a estas elecciones municipales con diez años de este modelo de dominación, sin ningún cambio en las autoridades electorales, sin ninguna reforma  sustancial en la excluyente Ley Electoral y sin ninguna señal de rectificación en una dictadura institucional que arriesga el futuro de nuestro país.  

En estas elecciones es novedad la presencia durante algunos días de una tardía misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estará en unas pocas ciudades. Técnicamente es imposible montar una estructura efectiva de supervisión de los comicios en un lapso tan breve, en tan pocos lugares y con tan reducido personal. También está el agravante de que el jefe de la Misión de la OEA,  Wilfredo Penco, avaló y alabó los fraudulentos procesos electorales de 2008, 2011 y 2016.

En la boleta electoral para estos comicios aparecerán dos nuevos partidos políticos, Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática, a los que el Poder Electoral sometido al Ejecutivo concedió personería jurídica, maquillando así de una supuesta pluralidad un proceso totalmente viciado.  

Como otra novedad, se aprecia un mayor rechazo que el observado en las municipales de 2012, de las bases del partido de gobierno en distintos municipios, donde estas se han opuesto a la imposición de candidatos por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus protestas y argumentos han puesto en evidencia que la demolición de las instituciones y la falta de democracia está profundizando  la descomposición del FSLN.

Todo este contexto hace prever una numerosa abstención en una mayoría de municipios del país, que el gobierno tratará por todos los medios de esconder; y nos hace temer hechos de violencia  sobre todo donde la población aspira, con sus votos, a recuperar para alguno de los partidos que no son el FSLN, las alcaldías que les fueron arrebatadas por los fraudes en las anteriores elecciones o pretende  también mediante las urnas,  conservar  las pocas que lograron ganar antes.

Por todo esto, y por responsabilidad con nuestra misión de promover y defender los derechos humanos compartimos lo siguiente con las ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses:

1.    Que es deber del Estado de Nicaragua garantizar  el cumplimiento efectivo de los derechos civiles y políticos, lo que va más allá del ejercicio del sufragio electoral. Este deber se concreta en la construcción de ciudadanía con la participación de todos y de todas en la gestión gubernamental y municipal empleando las diferentes herramientas de participación ciudadana establecidas en la ley.

2.    Que lo que viene ocurriendo desde 2008 en los procesos electorales de Nicaragua, constituye una violación masiva de los derechos civiles y políticos de los y las  nicaragüenses.

3.    Que no existen en el país condiciones que garanticen que la ciudadanía de todos los municipios elija libremente a sus alcaldes y concejales. Tampoco hay indicios de que los funcionarios  electorales respetarán la voluntad popular que se exprese en los votos.

4.    Que, en este contexto, y en contradicción con el espíritu de un  proceso electoral democrático, votar contribuirá a la profundización de la violación de los derechos humanos de la  población, pues el ejercicio del voto legitimará las pretensiones de eternizarse en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

5.    Que siendo el ejercicio del voto un derecho humano, asistir o no a las urnas el 5 de noviembre, es una decisión de cada persona que debe ser respetada. Esta decisión debe ser responsable, basada en información y reflexión así como en el conocimiento pleno de que votar no es obligatorio.   

6.    Que es responsabilidad de todo el pueblo nicaragüense exigir al gobierno y a las autoridades electorales un cambio de rumbo para la construcción de un sistema electoral libre, democrático y transparente, con credibilidad para todos, y respetuoso  de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Un sistema electoral que garantice el respeto de la voluntad popular, el pluralismo político y la plena libertad de elegir y ser elegido.

Managua, 24 de octubre de 2017.

¡Derecho que no se defiende es derecho que se pierde!