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Medidas cautelares otorgadas por la CIDH a la defensora Francisca Ramírez responden a la ausencia de protección del Estado nicaragüense

10 de octubre de 2017

 Las organizaciones que suscriben este pronunciamiento destacamos la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de otorgar medidas de protección a la defensora de derechos humanos, Francisca Ramírez y a su núcleo familiar.

Asimismo, denunciamos que esta decisión, por parte del órgano interamericano, demuestra la omisión del Estado de Nicaragua en la protección de quienes ejercen este rol, de importancia absoluta para el desarrollo de una democracia.

Francisca Ramírez —integrante del Consejo por la defensa de la Tierra, Lago y Soberanía—, ha liderado el movimiento que aglutina a miles de personas que se oponen al proyecto del Canal Interoceánico, en vista del impacto que éste traería a sus vidas.

A raíz del ejercicio de su rol, ella y su familia han sido blanco de ataques, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias. Esto último ocurrió en distintas ocasiones, en las que fue capturada sin un debido proceso y sin que se lograran imputar delitos en su contra.

Dichas agresiones se dan en un contexto de criminalización y un clima de hostilidad generalizada a quienes ejercen su derecho a defender derechos como defensores y defensoras de derechos humanos, elemento sustancial para la construcción de un Estado de derecho y el ejercicio de la democracia.

Las organizaciones firmantes hemos recordado al Estado, en repetidas ocasiones, su responsabilidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos. La última vez fue ante la CIDH, en una audiencia pública a la que las autoridades nicaragüenses no acudieron (ver link).

Actos como ése, reiterados y sostenidos en el tiempo, ponen en riesgo inminente la vida y la integridad de Francisca y de su círculo más cercano, y configuran un cuadro de gravedad y urgencia a la restitución de sus derechos. Así lo acreditó la CIDH recientemente, con el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Francisca y su familia: un llamado urgente al Estado para que atienda a su deber de proteger la vida de la lideresa y garantizar su seguridad.

Como organizaciones representantes de las víctimas y solicitantes de las medidas cautelares, urgimos al Estado de Nicaragua a que implemente cuanto antes las medidas de protección. También exigimos que se investigue, identifique y juzgue a quienes resulten responsables de los hechos que originaron esta resolución interamericana.

San José, Costa Rica – Managua, Nicaragua, 10 de octubre de 2017.




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