Este 15 de junio más de una decena de organizaciones y espacios de articulación de Matagalpa, convocados por el CENIDH, se reunieron para reflexionar sobre las implicancias jurídicas en los derechos de las mujeres por las reformas penales, enviadas a inicios de junio de este año por el Presidente de la República. Organizaciones  defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de niños y niñas, tales como: Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, CESESMA, ADIC, Grupo Sacuanjoche, CEAMUJER, Centro Jurídico Popular, IXCHEN, Médicos del Mundo, La Amistad, Aldeas SOS y espacios de articulación como Comisión Ejecutora, Red de Mujeres del Norte y Red de Mujeres del Norte, plantearon sus preocupaciones alrededor de estas reformas.

La presentación estuvo a cargo de Wendy Flores, abogada de Defensa y Denuncia del CENIDH, quien realizó un recorrido histórico sobre los avances y retrocesos en materia de derechos de las mujeres a partir de la puesta en vigencia de la Ley 779, aprobada en 2013. Asimismo, analizaron el texto de la reforma penal enviada por la presidencia a la Asamblea Nacional.

Las principales preocupaciones expuestas fueron: la formalización de los retrocesos planteados en el Reglamento 42-2014 sobre el ámbito de aplicación del femicidio, reduciéndolo al ámbito privado y a las relaciones interpersonales; se analizó también que estas reformas se circunscriben al modelo de corte familista promovido por el  gobierno, siendo sus propósitos la paz y la seguridad y no la mujer como sujeta de protección especial, como lo establecen diversos instrumentos internacionales entre éstos, la Convención del Belén  Do Pará.

También, se planteó como preocupación el traslado de los delitosde la Ley 779 a Juez técnico, según los y las presentes el hecho de no establecer expresamente que su jurisdicción es  exclusiva de los jueces especializados deja abierta la posibilidad de que estos delitos sean conocidos por cualquier juez técnico, lo que eventualmente puede derivar en la eliminación de estos jueces de lo que todavía queda del modelo de atención integral  a las mujeres. 

El establecimiento de la extraterritorialidad en delitos de relevancia social deja abierta la inquietud de quién determina la misma y cuáles serán los criterios para su determinación. Al respecto, se discutió que  esta constituye la legalización de un procedimiento arbitrario que ya se realiza en violación a la Constitución Política, especialmente en casos vinculados a la protesta social, pero también usado en el caso del femicidio  de Vilma Trujillo. Sin duda, este procedimiento ilegal  constituye un obstáculo para que los familiares de víctimas e incluso victimarios puedan dar seguimiento a su caso.

Las organizaciones concluyeron que esta reforma penal en el fondo pretende  reducir por decreto las cifras de femicidios y debilitar  aún más el modelo de atención especializado creado desde la década de los noventa para la atención de mujeres víctimas de violencia. Finalmente, se compartió el pronunciamiento elaborado por la Red de Mujeres contra la Violencia RMCV y el CENIDH. En tal sentido, la mayoría de las organizaciones presentes decidieron suscribirlo y compartirlo en las diferentes plataformas de comunicación que administran.

Para el CENIDH el espacio de diálogo permitió colectivizar las  preocupaciones en relación a estos retrocesos en materia de los derechos humanos de las mujeres y plantear posibilidades de alianza en relación a este contexto hostil para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.