Comunicado de prensa

Tras la perdida de su embarazo con siete meses de gestación

Julio 26 de 2010-. A principios de este año se registró el caso de una mujer nicaragüense de 27 años de edad, madre de una niña de 10, a quien el sistema de salud de Nicaragua le negó, por encontrarse en estado de embarazo, los tratamientos de quimioterapia y radioterapia vitales para combatir un cáncer con una posible metástasis en cerebro, púlmón y mama.

Al conocer el caso, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto en Nicaragua, con el apoyo de varias organizaciones a nivel internacional, presentaron el 18 de febrero una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Amalia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, las cuales fueron otorgadas inmediatamente.

Sólo gracias a las medidas de protección ordenadas por la CIDH al Estado de Nicaragua, Amalia recibió tratamiento médico. Sin embargo, el aborto nunca se practicó. Tal como lo anticiparon las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, Amalia perdió el embarazo como resultado de los efectos de la quimioterapia luego de siete meses de gestación. De acuerdo con la información que tienen las organizaciones, los médicos no le informaron todas las posibles consecuencias que la quimioterapia causaría a su embarazo.

Inicialmente, los médicos tratantes concluyeron que la paciente necesitaba interrumpir el embarazo para concentrar todas sus defensas en combatir la enfermedad con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la joven permaneció en el hospital más de un mes sin recibir ningún tipo de procedimiento para detener el cáncer.

Los voceros de las organizaciones que solicitaron el recurso ante la CIDH coinciden al manifestar: “Amalia estuvo en peligro inminente de perder la vida, ante la incapacidad de acceder a un tratamiento por estar embarazada. Tuvo que enfrentar no sólo su enfermedad, también un embarazo de alto riesgo y la tortura de ver frustradas las esperanzas de llevar a término su embarazo”. Y concluyen “Amalia recibió atención médica sólo cuando un organismo internacional se lo ordenó a las autoridades, lamentablemente hay muchos casos que pasan desapercibidos y las mujeres no tienen acceso a la salud. La población femenina debe enfrentar los costos de la total penalización del aborto. Es triste que las mujeres nicaraguenses tengan que acudir a instancias internacionales para que se respeten sus derechos fundamentales”.

Esperamos que el Estado de Nicaragua siga aplicando el tratamiento a Amalia y reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y particularmente por la restitución del aborto terapéutico en la legislación nicaragüense.

El aborto en Nicaragua

Desde 1870, el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo. En octubre de 2006, por solicitud del presidente Ortega, la Asamblea Nacional determinó penalizar la práctica del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia.

Desde entonces, la mortalidad de mujeres por practicarse abortos inseguros y por causas relacionadas con enfermedades previas al embarazo o agravadas por el mismo, se ha incrementado notoriamente.

Diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado de Nicaragua para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de sus mujeres. Entre otras, se destacan las observaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, del Comité de Derechos Humanos –CDH, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC, y del Comité contra la Tortura –CAT, así como de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

GRUPO ESTRATÉGICO POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPEUTICO EN NICARAGUA

Managua, 27 de julio 2010