El Sr. Octavio Aquiles Ramos Hernández, alcalde electo del Municipio de Wiwili denunció ante el CENIDH, lo que él consideró una violación a sus derechos civiles y políticos, al ser destituido de su cargo de alcalde de ese municipio, hecho ocurrido el pasado 28 de mayo, a las once de la mañana y ejecutado por dos concejales sandinistas y un liberal. Según el denunciante haciendo uso de los procedimientos legales se amparó ante el Tribunal de Apelaciones de ese departamento, y el primero de junio esa autoridad se pronunció a su favor ordenando sea restituido en su cargo como alcalde, y dos días después esta misma instancia revoco su propio pronunciamiento.

Según Ramos Hernández, con la resolución del Tribunal de Apelaciones a su favor, se presentó en el juzgado de Distrito Civil de Ocotal, donde le entregaron un oficio para que se ejecutará la resolución del Tribunal de Apelaciones, con la resolución donde se ordenaba su restitución en mano se presentó a la Policía Nacional para que ejecutará

la orden, sin embargo la repuesta del Comisionado David Jarquín, fue que no cumplía órdenes judiciales sino del Ejecutivo.

Ramos Hernández dijo que presento un escrito ante el Consejo Supremo Electoral, solicitando una revisión del caso, y hasta la fecha no ha tenido repuesta, a la vez lamentó la situación legal del país, porque según él vía telefónica, los señores Bayardo Ibarra, Denis Quiñonez, Victoria Moncada y Elena Castellano, recurrieron al Juzgado de Estelí, y esta autoridad confirmó arbitrariamente la destitución. Sin embargo a la fecha no le han notificado de ninguna forma la resolución de su destitución por parte del Consejo Supremo Electoral.

Según Ramos Hernández, la única comunicación oficial que ha recibido fue de la Contraloría General de la República, el 3 de junio, donde le piden aclaraciones sobre supuestas irregularidades, a lo cual respondió por escrito que él no se responsabiliza de lo que sucede allí, porque desde el 28 de mayo no entra a las instalaciones de la alcaldía, al igual que el Director de Proyecto y al Contador que también les han negado el acceso.

Para Octavio Ramos Hernández, el motivo de su destitución obedece al interés del gobierno de obtener las alcaldías que no lograron por los votos, ya que según su denuncia en meses anteriores a los hechos, le llamaron a Managua funcionarios del gobierno para ofrecerle que trabajara con los CPC y le ponían a disposición 2 mil láminas de zinc, lo cual rechazo por asuntos de convicción, posteriormente le pidieron que pusiera su renuncia al cargo a cambio de dos millones de córdobas, oferta que tiene grabada como prueba.

En su denuncia el alcalde destituido también dijo tener temor por su vida, ya ha recibido amenazas vía telefónica de parte del secretario político del frente sandinista de ese municipio. Concluyo manifestando su seria preocupación por la actuación de los mandos de la Policía departamental y municipal, ya que el 2 de junio a 2km de su casa, agentes de la Policía le retuvieron y lo pusieron boca abajo, le requisaron y le quitaron 2 armas de las que posee licencia de portación debidamente legalizadas según documentación presentada.

El Doctor Bayardo Izabá Solís, Director Ejecutivo del CENIDH, dijo que esta es la segunda denuncia que esta institución a recibido en esta semana, la otra fue la del Alcalde de Boaco, destacando que esta institución a analizado que en ambos casos los procedimientos para destituirlos son muy similares, acusan de supuesta de malversación y bajo ese argumento proceden a destituirlos de forma ilegal, en ambos casos no hay dictamen previo de la Contraloría General de República, en ambos casos el Consejo Supremo Electoral actúa de manera precipitada, procede a dar credenciales a la personas designadas por los consejos municipales, el roll de los Tribunales de Apelaciones también es similar, con la variante que en el caso de Wiwili fue el mismo Tribunal que revirtió la decisión que ya había dado favoreciendo al Alcalde Octavio Ramos Hernández.

Para el Director Ejecutivo del CENIDH, la destitución de los alcaldes es una estrategia diseñada por las mismas personas y ejecutadas por las mismas instituciones, con intereses políticos, agregando que los más grave de esta situación es que se haya violentado la voluntad popular, de la ciudadanía que decide quién va a hacer su alcalde y que la Policía haya actuando en ambos casos acorde a los interés del partido en el poder, lo cual es muy peligroso. Concluyo informando que el CENIDH está realizando un informe sobre la destitución de los alcaldes y lo estará presentando ante instancias internacionales de derechos humanos.

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