En 2009, el Estado de Nicaragua no realizó acciones sustantivas para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, por el contrario se dieron retrocesos en el cumplimiento de los derechos humanos de este importante sector de la población, tomando en cuenta el bajo presupuesto asignado a salud y educación, la ausencia de políticas públicas y el incremento de la violencia hacia la niñez y adolescencia.

La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) de la cual es parte el CENIDH, considera que el mayor problema para la realización de los derechos humanos de las niñas y los niños en Nicaragua, es la falta de voluntad política de los tomadores de decisión, la poca asignación de recursos y la frágil institucionalidad del Estado.

El gobierno realizó ajustes al Presupuesto General de la República, y la reducción más drástica fue para las instituciones vinculadas con los derechos básicos de la niñez y la adolescencia, en un 31.2 %. Al Ministerio de Educación le redujeron 147.08 millones de Córdobas, afectando las partidas para nuevas plazas, eliminando la contratación de nuevos docentes, textos de enseñanza, mantenimiento de locales y de otros gastos de funcionamiento.

Al Ministerio de Salud le redujeron 253.3 millones de Córdobas, eliminando 54.1 millones

para la compra de medicamentos, contratación de nuevas plazas, mantenimiento de locales y equipos, compra de ropa, productos de limpieza y otros gastos de funcionamiento de las unidades de salud. También al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, se le redujo 10 millones de Córdobas.

Contradictoriamente, a finales del año 2009, el gobierno central invirtió en el alquiler de una pista de patinaje sobre hielo aproximadamente 30 millones de córdobas, y otro monto en el pago de juegos mecánicos, entre otros gastos para instalar la “Feria de niñas y niños felices” que fue parte de lo que Rosario Murillo, Primera Dama y Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo y el Bienestar Social, denominó “Navidad en Solidaridad”.

Cabe destacar que fue el mismo Gobierno Central el encargado de ejecutar la jornada

“Navidad en Solidaridad”. La misma era una jornada donde prevaleció el carácter

clientelista, como parte de la permanente campaña reeleccionista del Presidente Ortega,

ya que fue la misma familia presidencial quien inició la entrega de juguetes a centenares

de pobladores que permanecieron por largo tiempo haciendo fi la para obtener un juguete.

La escena que allí se vivía hacia recordar a los monarcas entregando dádivas a sus súbditos.

Podemos concluir que en el 2009, el gobierno que preside el Presidente Ortega no ha

logrado avances sustantivos en el compromiso asumido por el Estado de Nicaragua en

tutelar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de forma

integral, sin discriminación, es notoria la falta de voluntad política para fortalecer políticas y programas encaminados a garantizar derechos fundamentales como el derecho a la educación y a la salud con calidad, dos aspectos fundamentales para el desarrollo humano de cualquier país.

Datos socio demográficos de

niñez y adolescencia

La tasa anual de crecimiento demográfico es de un 2.7%, uno de los más altos del continente, y es la infancia el sector de la población que ha sido más azotado por la pobreza y la desigualdad.

La tasa global de fecundidad de las mujeres en edades entre los 15 a 19 años es de 106%, ubicando a Nicaragua en el segundo lugar después de Guatemala, con respecto a la tasa de fecundidad adolescente más alta de los países del istmo. y la tasa de mortalidad en la niñez es de 30 por cada 1,000 nacidos vivos. Además, el 27% de

los embarazos son de adolescentes.

Basándose en el método agregado de consumo y la línea de pobreza nacional, la tasa de

pobreza es mayor para la población de 0 a 5 años con un 57.2 %, ascendiendo a 58.0% en los menores entre los 6 y 11 años. Por su parte, los niños y niñas de 12 y 14 años representan el 53.9 %.

De los hogares nicaragüenses el 80.4% tienen niños, un 39.2% de los hogares son pobres, y un 44.8% son hogares pobres con niños

.

Violencia contra la niñez y la

Adolescencia

Según datos oficiales de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, las denuncias recibidas de violencia contra los niños de 0 a 17 años fueron 7,039, lo que representa una disminución respecto del 2008 en el que conoció de 7,722 casos. Existe una prevalencia de violencia verbal de un 47.8%, un 29 % reportó haber recibido violencia física o sexual en algún momento de su vida, según un estudio realizado sobre esta problemática. Esto significa que la mitad de los niños nicaragüenses son violentados.

Los estudios apuntan que la violencia contra niñas, niños y adolescentes la ejercen

principalmente personas cercanas, las que se supone deben garantizar el afecto y seguridad, el mismo estudio indica que el 80.1 % de los acusados tenía vínculos familiares de consanguinidad, afinidad o cercanía con la víctima, y el ámbito donde se da más es en el hogar y en la escuela.

De 599 juicios por delitos de orden sexual contra los niños y los adolescentes, sólo en

el 28% los agresores recibieron veredicto condenatorio y más de la mitad fueron absueltos.

El CENIDH recibió denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes,

encontrando que en 18 casos existían irregularidades y de éstos en 7 casos no había

ninguna acción penal, exponiendo a las víctimas frente a sus agresores en libertad, tomando en cuenta la ausencia de medidas que garanticen la integridad física y psicológica. En otros 7, se había iniciado acción penal, y en solo un solo caso hay prisión preventiva, el resto gozaba de libertad, valiéndose de la benevolencia del sistema, lo cual implica mayores riesgos para las víctimas.

De los casos conocidos por el CENIDH, tres niñas quedaron embarazadas producto del abuso, obligándolas a ser madres siendo aún niñas, sometiéndolas a graves riesgos os c

obstétricos, arriesgando de esta forma la vida de las mismas y su proyecto de vida.

En dos de los casos, operadores de justicia promovían la mediación, contra ley expresa,

lo cual es de mucha preocupación para el CENIDH, pues el principio de oportunidad no

puede ser instrumentalizado para que delitos de tal gravedad queden en la impunidad.

Promover y consentir esta práctica obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas. La función policial de investigar los delitos queda mermada y revictimiza a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual.

En tal sentido, el CENIDH considera que es urgente formular políticas y prácticas dirigidas

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes a fi n que

prevalezca el interés superior del niño y la niña y evitar hechos tan graves y lamentables como los señalados.

Por tanto es de mucha urgencia que el Estado de Nicaragua, establezca mecanismos para la prevención, protección y sanción de los delitos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, como país podemos afirmar que contamos con un buen marco legal para garantizar el pleno goce de los derechos de humanos de este importante sector de la población.

Explotación sexual infantil

En los últimos meses del 2009, se conocieron muchos casos en los que niñas entre los

8 – 12 años fueron víctimas de pornografía infantil, delitos que estaban acompañados

de violaciones, uno de los hallazgos en las investigaciones policiales es que personas

pudientes son los que compran ese material delictivo. Casa Alianza conoció durante el

2009, 28 casos de esa naturaleza.

También los diarios nacionales publicaron información relacionada a videos pornográficos

en los que jóvenes estudiantes fueron expuestas en sitios web, con la particularidad que quienes las filmaban tenían algún vínculo afectivo, (eran compañeros de clases o novios), muchas de las afectadas y sus familias se vieron obligados a cambiar de domicilio.

Otra modalidad utilizada para explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes,

es en centros de masajes, centros nocturnos, “reservados” disfrazados de bares, en muchos los que realizan los contactos con las víctimas son personas que están en el entorno, por ejemplo se conoció de un caso que la proxeneta era una profesora. Muchos de estos delitos no son denunciados y cuando se denuncian es muy difícil que se haga justicia.

Ante esta situación, el CENIDH ha demandado al sistema de justicia que no propicie la

retardación de justicia en los procesos por explotación sexual, ya que en muchos casos

las víctimas y sus familiares son amenazados y presionados por los mismos abusadores

o a través de sus redes. Además el CENIDH ha capacitado los operadores de justicia con

el objetivo de sensibilizarlos para la atención de las víctimas, así como en la aplicación de

técnicas de investigación, documentación y en el proceso legal de estos delitos.

El CENIDH sustenta su petición a partir del conocimiento de la casuística y tomando en

cuenta una investigación realizada por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica (INEJ) en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los jueces en materia de la aplicación de la ley penal contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en América Central, Panamá y República Dominicana”.

En el marco de esta investigación se aplicó un cuestionario a los jueces y magistrados de los siete países de la región referido a las leyes y la suscripción de acuerdos internacionales de cada nación sobre el combate a la explotación sexual comercial infantil, cuyos resultados son preocupantes. Habiendo establecido como parámetro aceptable la obtención de 80 puntos por cada juez y magistrado, la calificación promedio que se obtuvo fue de apenas 64 puntos, en el caso de Nicaragua el puntaje fue de 68.8 por ciento.

Medidas urgentes para

erradicar la violencia

El CENIDH considera que para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes,

es primordial la incorporación al pensum del Ministerio de Educación de materias sobre

derechos sexuales y reproductivos, con un carácter científico sin sesgos conservadores, ni religiosos, ya que estos refuerzan las relaciones de poder y ubican a la niñez y la adolescencia en una situación de desventaja, donde los adultos y adultas siempre tienen la razón y por tanto deben obedecer órdenes, restringiendo o anulando su voluntad.

Por otro lado, se deben fortalecer las acciones intersectoriales e interinstitucionales

de prevención del delito en coordinación con la Comisaría de la Mujer y la misma

comunidad. En las denuncias deben agilizarse y profundizarse las investigaciones policiales para el esclarecimiento de estos hechos a fi n de garantizar una acción penal oportuna y proteger de forma efectiva el interés superior de la niñez, en correspondencia con el compromiso internacional y nacional del Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos.

Desnutrición

Se estima que un 22.2 % de niños y niñas menores de cinco años se encuentra en

condiciones de pobreza extrema; un 22.7 % entre 6 y 11 años y el 21.2 % de adolescentes entre los 12 y 14 años se encuentra en similar condición, lo cual repercute en los niveles de desnutrición. Según indica un estudio de Naciones Unidas, 1,200,000 nicaragüenses padecen desnutrición.

El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter durante su visita a Nicaragua manifestó su preocupación porque según un estudio realizado por la ONU, uno de cada cinco niños, niñas nicaragüense padece de desnutrición crónica, y aproximadamente un 12 % de los recién nacidos presentan bajo peso, especialmente en los hogares más pobres. Esas estadísticas ubican a nuestro país en el tercer lugar, respecto de las cifras más elevadas en Centroamérica.

A nivel nacional, las zonas más pobres son las que tienen mayor nivel de desnutrición, entre éstas están San José de Cusmapa, en Madriz, donde alcanza el 80%, una de las tasas más altas de desnutrición infantil, pero a nivel nacional los municipios con más desnutrición infantil son Terrabona, San Lucas, Santa María y Río Coco, por tal razón estas mismas comunidades han sido priorizadas en términos de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica por organizaciones que trabajan el tema.

Para enfrentar esta situación de desnutrición en la población infantil, el Estado de Nicaragua necesita de la cooperación internacional, y de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, que en coordinación con el Ministerio de Educación implementan la merienda escolar en 3 mil escuelas y a través del Ministerio de Salud se lleva a cabo el programa de nutrición a grupos vulnerables de mujeres embarazadas y niños menores de 36 meses, aplicando esta modalidad en 197 puestos de salud a nivel

nacional.

Sin embargo, este esfuerzo resulta insuficiente como lo demuestra el caso de Río Coco, una de las comunidades más pobres de la región, que cuenta con 80 escuelas, y la entrega de la merienda escolar sólo llega donde hay centros escolares, quedando 40 comunidades sin cubrir.

El CENIDH considera de suma urgencia que el Estado en coordinación con organismos

donantes, la empresa privada y la sociedad civil, impulsen un plan o programa integral

para enfrentar el problema de desnutrición en niñas, niños y adolescentes, ya que esto

mejoraría directamente en la calidad de vida, significa que se enfermaran menos y tendrán más posibilidades de desarrollar su proyecto de vida.

Educación

En el 2009, la estadísticas oficiales del Ministerio de Educación indicaban que en el

sistema escolar se habían inscrito 1,300,000 mil estudiantes, quedando aproximadamente

medio millón de niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo, lo cual indica que hubo un descenso en la matrícula escolar durante este año.

En declaraciones públicas, el entonces Ministro de Educación, Miguel De Castilla anunció que en el 2009, la meta de esta institución era que ningún niño, niña o adolescente se quedará fuera de las aulas de clase y el fortalecimiento del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), dar uniformes y mochilas a los niños que no pudieran obtenerlas y mejorar la infraestructura de las escuelas.

Bono demográfico

Defi nido como el período que crea un contexto favorable al desarrollo en la medida en que aumenta el peso relativo de las personas en edades potencialmente productivas y disminuye el de las personas en edades potencialmente inactivas. El Bono Demográfico también se identifica como una ventana demográfica de oportunidades en alusión a las posibilidades que la coyuntura demográfica ofrece para el incremento de las tasas de crecimiento económico per cápita y, por ende, de los niveles de bienestar de la población.

En tal sentido, el Foro de Educación y Desarrollo Humano FEDH y la Coordinadora Civil han insistido en proponer que el gobierno invierta por lo menos el equivalente al 7% del PIB en el sistema educativo público. Lo anterior permitiría alcanzar una serie de metas fundamentales en materia de educación, entre las cuales se puede mencionar la cobertura del 100% de las niñas y niños a la educación primaria; que al menos

el 80% de estos culminen el ciclo completo de la Primaria; cubrir como mínimo el 75% de

matrícula de los adolescentes en edad de la enseñanza secundaria; además alcanzar un

nivel promedio de escolaridad de la población nicaragüense de al menos 9 años.

Según organismos especializados en el tema de educación y desarrollo humano, se requiere al menos once años de escolaridad para que las personas puedan lograr en mejores condiciones, un trabajo que les permita salir del círculo de pobreza.

Presupuesto asignado a

educación en el 2009

Como porcentaje del PIB , el presupuesto para Educación representa un 4.1% en el 2009.

Para el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debería

ser de un monto promedio anual no inferior al 6%. Para los organismos de la sociedad civil que trabajan el tema de niñez y adolescencia, la poca inversión obedece a la falta de voluntad política del Estado para invertir en educación, si tomamos como referencia el ejemplo de Honduras que es catalogado el tercer país más pobre de Latinoamérica y en los últimos cinco años ha destinado un promedio anual del 7.4% del PIB. Bolivia es otro país latinoamericano que está cumpliendo con el 7% requerido para el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las estadísticas presentadas reflejan que las erogaciones presupuestarias destinadas

al MINED en los últimos cinco años, no han sido suficientes para optimizar el desempeño

e impacto de los principales indicadores que miden el esfuerzo gubernamental en función de mejorar las condiciones del sector educativo, lo cual se agrava cuando analizamos las

asignaciones del presupuesto en rubros que no tienen una ejecución transparente, tal es

el caso del rubro denominado “Actividades Centrales”.

Menos presupuesto a rubros

sustantivos en educación

En la educación preescolar, a partir del 2008, se experimentaron reducciones del 14.0%; es decir C$8.7 millones menos (US$0.5 millones). Luego, en el 2009, nuevamente disminuyó un 12.0% equivalente a C$6.7 millones (US$0.4 millones).

Una mayor inversión en educación preescolar lograría que más niños y niñas ingresaran al sistema educativo, facilitándoles el desarrollo de habilidades y destrezas, la seguridad emocional y la motivación hacia el aprendizaje.

Las asignaciones presupuestarias en la enseñanza primaria representan más del 50%

del presupuesto total del MINED, sin embargo a partir del 2008 ha experimentado disminución de un 4.0% con respecto al año anterior y en el 2009 se redujo en un 11.0%, lo que equivale a C$228.1 millones (US$ 13.6 millones).

La asignación presupuestaria a educación secundaria ha oscilado entre el 9.5% y 12.2%,

en el periodo 2005- 2009. El mayor porcentaje (20.0%) se registró en el 2009, lo que se traduce a C$92.0 millones (US$5.5 millones).

De las incoherencias en el

presupuesto

El presupuesto destinado a Actividades Centrales, como porcentaje del presupuesto

del MINED, ha aumentado sustancialmente en los últimos años, en el 2008 representó

el 8.1%, y para el 2009 alcanzó el 15.6%, lo cual indica que destinaron mayores recursos

financieros para el gasto burocrático central, impactando de forma negativa en la asignación presupuestaria de los programas de educación básica y media que son esenciales para el desarrollo humano e intelectual de la población escolar.

Cabe destacar que las asignaciones para Actividades Centrales no están definidas

claramente, por tanto se puede presumir que la inversión de este rubro depende de

la discrecionalidad de la administración del Ministerio y del gobierno central. En cambio

las asignaciones presupuestarias para el mejoramiento de la infraestructura escolar en

el 2009 se redujeron en un 116% con respecto al año anterior.

Las limitaciones presupuestarias dificultan la ampliación de la capacidad instalada

en las escuelas públicas. La falta de infraestructura obliga a las escuelas a aceptar más de 40 alumnos, violando así lo establecido en la Ley General de Educación

(35 alumnos) y obligando a éstos a recibir sus clases en condiciones de hacinamiento.

Un ejemplo relevante de las malas condiciones en la infraestructura fue el caso del colegio Camilo Zapata que les cayó literalmente encima a los y las estudiantes, y del Colegio Jaime Torres Bodet, donde fue una plaga de ratas y pulgas el motivo para suspender las clases por dos semanas. Estos dos colegios están ubicados en barrios céntricos de la capital.

La inequidad en el desarrollo y el aprendizaje temprano que acompañan a la pobreza conservan o elevan las desigualdades económicas y sociales. Ahí radica la necesidad

de aumentar el presupuesto para educación, principalmente educación básica y media, así como el uso eficiente de los mismos. Ambos factores constituyen condiciones indispensables para combatir la pobreza.

El presupuesto destinado al Programa Capacitación y Formación de Docentes pasó de

C$24.5 millones en el 2005 a C$151.2 millones en el 2009. El asignar mayores recursos muestra señales positivas, ya que se está invirtiendo en la profesionalización del personal docente. No obstante, aún se requiere una mayor inversión, dado que las estadísticas

oficiales evidencian que al 2007 el nivel de empirismo superaba el 37%. En educación preescolar, los docentes empíricos equivalían al 65%, en primaria el 26%, y en secundaria un 41%.

Salud de la niñez y

adolescencia

La ocupación del Hospital Fernando Vélez Páiz, es casi siempre del 102 por ciento, eso

significa que el hospital está todo el tiempo “copado” de niñas, niños y adolescentes,

agrego que es un raro que la ocupación sea del 70 ó 75 por ciento, que es el rango sugerido por las normas internacionales para asegurar una apta atención.

Las causas por la que acuden con mayor frecuencia a estos centros hospitalarios niñas,

niños y adolescentes son enfermedades las enfermedades respiratorias, dengue que según las autoridades de estos centro las estadísticas presentan un crecimiento del 15 por ciento en el 2009. Aunque las atenciones por neumonías, en promedio, se registran entre un 5 y un 6%.

A junio de 2009, las diarreas aumentaron en un 12 % respecto a junio de 2008, en 362

casos más. En abril también se declaró alerta sanitaria por la fiebre porcina, en la cual se

reportó un mayor nivel de incidencia en niñas, niños y adolescentes.

Otra amenaza que enfrentan niñas, niños y adolescentes es la pandemia del VIH- SIDA,

en el 2009 las estadísticas oficiales reportaban que la población menor de 19 años representó aproximadamente el 17.8%, entre las edades de 15 y 19 años sumaban 472, y los menores de 15 años fueron 260, situación que está muy relacionado con la explotación sexual infantil y de la exposición a través de la madre - hijo - hija.

La mayoría de las enfermedades y muertes en la niñez y la adolescencia son prevenibles, por lo tanto el CENIDH considera que es urgente que las autoridades de salud fortalezcan

programas de educación con la información adecuada para prevenir estas enfermedades

infecto- contagiosas, ya que es más fácil y de menor costo.

Urge rehabilitar la infraestructura en los

hospitales

En relación con el hospital Fernando Vélez Páiz, tiene dos pisos, pero desde hace cuatro años sólo uno está siendo ocupado, porque técnicos en construcción recomendaron no

utilizarlo por problemas estructurales. Por ello, se dispone de menos camas, antes operaba con 212 y ahora lo hace con 156.

Protección especial a la niñez y la adolescencia

En materia legislativa, Nicaragua continuó avanzando con la promulgación y adecuación

de su marco jurídico. Entre estos esfuerzos de destaca la promulgación del Código Penal

(2007), que dentro de la familia de delitos contra la integridad y la libertad sexual, incorpora nuevas tipificaciones, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de

niños en la pornografía.

En el caso de la inversión en protección social de la niñez y la adolescencia, las políticas

asistencialistas y de protección especial, ha disminuido en los últimos cinco años. Así

vemos que en 2005 la inversión era de 419.32 millones, pero en 2009 éste se redujo a 56.05 millones. Al Ministerio de la Familia se le ha reducido su presupuesto a 125.42 millones de córdobas. A la insuficiente asignación presupuestaria debe agregarse que en los últimos dos años se ha cambiado de Ministro en cuatro ocasiones, lo que significa un retroceso en la coordinación.

El CENIDH considera preciso que el Estado asigne los recursos y defina los mecanismos

para la correcta aplicación de las medidas encaminadas a restituir el derecho de niñas y niños a la convivencia familiar.

Creación de los juzgados de familia

En Nicaragua predomina una cultura de irresponsabilidad paterna, violentando el

derecho de niñas, niños y adolescentes a tener acceso a las condiciones materiales

y emocionales para su desarrollo integral, no existen datos estadísticos que reflejen

las demandas de pensiones alimenticias, la frecuencia de la demanda de paternidad, tutela de menores y divorcios. En el 2009, la Corte Suprema de Justicia, instaló cuatro juzgados de familia, dos en Managua, uno en Chinandega y otro en Matagalpa, también inauguró un laboratorio de ADN. Los Juzgados de Familia empezaron a funcionar en agosto.

Durante el 2009, en la sede del CENIDH recibió 105 casos de violación a los derechos de la niñez, 21 eran sobre situaciones de violencia sexual y 75 eran denuncias referidas a la

violencia económica que cometen los padres que no cumplen con la pensión de alimentos, situación de la cual los operadores de justicia se convierten en cómplices cuando no actúan con celeridad y no toman en cuenta en sus prácticas el interés superior de la Niñez.

El CENIDH espera que las respuestas a las demandas en materia de familia se agilicen con la apertura de los juzgados de familia por lo menos en los lugares antes señalados, ya que los casos conocidos por el CENIDH de pensiones alimenticias tardan hasta un año para que les den la pensión provisional, mientras se resuelve el caso. Así mismo esperamos que se abran juzgados de familia en otros departamentos

y municipios del país.

Trabajo Infantil

En Nicaragua alrededor de 238,827 niñas, niños y adolescentes son trabajadores activos,

según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescentes (ENTIA), que se realizó en

el 2005 y que hasta la fecha el Ministerio del Trabajo mantiene como cifras oficiales.

Según la misma fuente indica León y Chinandega son los departamentos que tienen el mayor índice de trabajo infantil con un 6.2 % y un 7.1%, respectivamente. Del total de niñas y niños trabajadores reportados por la última encuesta de trabajo infantil, la mayoría trabajan en actividades del sector informal de la economía, muchos en actividades

catalogadas como peores formas de trabajo infantil, sobre las cuales la capacidad

de inspección del Ministerio del Trabajo es casi inexistente. Por ejemplo, el 14.3% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años desarrollan algún tipo de jornada laboral, superado a nivel centroamericano sólo por Guatemala con un 23.4% de la población de ese mismo rango de edad.

Según un estudio realizado por el organismo Visión Mundial en 12 comunidades de Granada, Diriamba, Matagalpa y Tipitapa, el universo de estudio fue de 300 familias, reveló que el 56 % de niñas, niños y adolescentes identificados en trabajo infantil, no están integrados al sistema educativo.

De acuerdo con datos oficiales, la participación de niñas y niños en el trabajo disminuyó en un 5%, sin embargo, los efectos de la crisis económica mundial, la pérdida de empleos de las personas adultas y la falta de inversión productiva, ponen en permanente riesgo a las niñas y los niños nicaragüenses de ser víctimas de la explotación laboral.

El Programa “Amor”

El Programa “Amor” según el gobierno está orientado a beneficiar aproximadamente a 80

mil niñas, niños y adolescentes. Sin embargo en el 2009, de las reducciones aplicadas al

presupuesto general de la República el 31.2 % de estas fueron aplicadas a tres instituciones vinculadas a los derechos básicos de la niñez y la adolescencia nicaragüense. El Presupuesto del Ministerio de la Familia fue de 125.42 millones de córdobas.

En el marco de la implementación del Programa “Amor”, que entre otros propósitos se ha

planteado la reinserción de niños y niñas en su entorno familiar, en el periodo 2008 y 2009 se ha logrado reinsertar a 850 niñas y niños a sus familias de origen; sin embargo, esta medida no ha sido acompañada de los mecanismos suficientes para dar seguimiento y asegurar que las causas que originaron la separación familiar han sido superadas, exponiéndoles a nuevos abusos y violencia.

El Programa Amor está siempre presente en el discurso gubernamental, sin embargo en la práctica no se visibilizan los resultados ya que los niños en situación de abandono continúan poblando las calles del país, contradiciendo los logros que con tanto entusiasmo anuncian los funcionarios públicos y el mismo Presidente

Ortega.

Entre los logros más tangibles, pero no verificables los anunciados por la Ministra del

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAMILIA), Marcia Ramírez, “rescatar a

12 mil niños que estaban en riesgo y fueron reintegrados al sistema escolar, la restitución del derecho a un nombre a 2 mil niños a quienes se les entregó su partida de nacimiento, 5 mil niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil, 87 mil en Centros Infantiles Comunitarios en 76 comunidades a nivel nacional y un mil niñas, niños que estaban en centros de protección infantil hayan regresados a sus familias.

El CENIDH considera que no hay coherencia entre el discurso y la práctica, por ejemplo,

la titular de MIFAMILIA dijo que trabajan para ampliar la cobertura de servicios de los centros que normalmente funcionaban como internados o albergues, para proteger a menores en situación de riesgo. Posteriormente, conocimos a través de organizaciones que albergan a menores en situación de riesgo, que se les estaba suspendiendo las subvenciones o en su defecto el presupuesto que les entregaban era muy escaso para cubrir las necesidades.

El CENIDH considera que si MIFAMILIA continúa con esta medida de reducción a

programas de protección infantil, seguirá violentando el derecho a la protección y

seguridad de niñas, niños y adolescentes, ya que los regresan a sus círculos familiares,

exponiéndolos a mayor violencia puesto que un buen porcentaje de los agresores están

dentro del círculo familiar y es allí donde los regresan.

SITUACIONES ESPECÍFICAS

Derecho a un nombre y apellido

José Ignacio Juárez, Director del Registro Civil de las Personas, informó que en el marco del Programa Amor, a nivel nacional inscribieron más de 7 mil niños y niñas, lo cual

significó entre seis a 10 millones de córdobas. Cabe destacar que según el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de cada cien nacidos sólo sesenta están

debidamente inscritos en el Registro Civil de las Personas, aunque este dato varía

en dependencia de los territorios, pues la tendencia es que entre más remoto sea

el sitio de origen, mayor es el subregistro.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur, por ejemplo según un diagnóstico realizado por

la misma fuente, hay 106 mil 269 niños sin inscribirse. Como repuesta a esta necesidad

los organismos Plan Internacional y Save the Children Canadá, se propusieron inscribir a 18 mil 669 niños.

Otro ejemplo del alto índice de sub registro civil es el de Waspam, que es una cabecera municipal, en la cual el MINSA reportaba el nacimiento de mil 801 niños y el Registro Civil de ese municipio sólo tenía inscritos a 144 niños, en el mismo periodo. El CENIDH considera que estos proyectos en los que se han coordinado esfuerzos los organismos cooperantes y el gobierno se deben de fortalecer para garantizar los derechos de la niñez nicaragüense.

Finalmente, un hecho que el CENIDH condena es la exposición e instrumentalización de niños y jóvenes en situación de riesgo a la confrontación política. Lo más cuestionable es que sea el propio gobierno el que favorece tal práctica, por lo cual se le ha demandado al Presidente Ortega no continuar fomentando una cultura vandálica, sino la promoción de una cultura de tolerancia que promueva la investigación, el debate de ideas, con argumentos, criterios y propuestas de maestros, estudiantes, padres y madres de familia y de organismos de sociedad civil comprometidos con la educación.