El 20 y 21 de abril, la población capitalina sufrió una vez más la violencia provocada por grupos pro gubernamentales con el objetivo de crear un ambiente de caos y de inseguridad en la ciudadanía, para impedir que Diputados de la Oposición sesionaran sobre la creación de la ley contra el decreto presidencial 03-2010, que prorroga en sus funciones a 23 Titulares de entidades públicas. Para legalizar este decreto el Presidente Daniel Ortega Saavedra ha instrumentalizado prácticamente a todos los Poderes del Estado. El decreto 03-2010, es considerado por el CENIDH inconstitucional, y ha demandado el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho en Nicaragua.

Esta vez el Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó detener el trámite de la ley contra el decretazo, bajo el alegato de que la sesión del 20 de abril es ilegal, al respecto la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia, lamentó el comportamiento violatorio a la Constitución por parte de la cúpula del poder Judicial y considera que hasta cierto punto es delictivo, donde los ex Magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra están arrogándose funciones que no tienen, y actuando contra ley expresa.

La Presidenta del CENIDH, continuó argumentando que la ley de Amparo es categórica al decir que el proceso de formación de las leyes no admite el Recurso de Amparo, además el Tribunal de Apelaciones no tiene facultad para meterse o decretar si determinada actuación de la Asamblea Nacional es legal o ilegal, se están arrogando funciones que no tienen y por tanto están violando la Constitución.

Para la Doctora Núñez, los funcionarios públicos instrumentalizados por el Presidente Daniel Ortega cometen delitos con sus actuaciones y es algo que debemos interiorizar los y las nicaragüenses, “todos nos preocupamos en el momento que vemos el caos en la calle y el riesgo que corre la gente en su vida cotidiana y después con toda tranquilidad aceptamos como normal que alguien que delinquió abiertamente en las calles, al día siguiente diga “ ya me voy a calmar, voy a bajar el gas” – refiriéndose a declaraciones del abogado Rafael Solís- y empiece a ser el vocero de las nuevas estrategias delictivas que están buscando como fortalecer el control de los poderes del Estado, debilitando la democracia, viola la constitución y mantiene la situación de impunidad a la que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando”.

“Yo no puedo ver con normalidad esta aparente tranquilidad que se quiere reflejar, yo no puedo ver que la gente de Nicaragua acepte que aquí para buscar como calmar los ánimos de esta gente exaltada, instrumentalizada que anda en las calles causando destrozos, que para poderla contener, tengamos que aceptar negociaciones a través de nuestros representantes en la Asamblea Nacional y demos el visto bueno a la reelección de funcionarios que no tienen los requisitos de idoneidad para ser electos, por ser impunes y que han cometido delitos en los cargos públicos” enfatizó la Presidenta del CENIDH.

La Doctora Núñez de Escorcia, consideró que el escenario político que vivimos es una estrategia más, y duda de que si los políticos a veces actúan con ingenuidad o es parte de la estrategia de ocultamiento a la población de lo que está pasando aquí, porque bombos y platillos prácticamente celebraban que la Asamblea Nacional respetaba todo lo realizado el 20 de abril, en la sesión de la Asamblea realizada en el Holliday Inn, porque no se habían pronunciado los Diputados Orteguistas. Agregando que al ver lo que ha pasado, piensa que es una estrategia para darle más larga al asunto, tomando en cuenta que después mandaron al “francotirador del Frente sandinista” el Diputado Edwin Castro a interponer el Recurso de Amparo, el cual es completamente ilegal y ya estaban presto y decididas todas las argumentaciones “legales” que se encargó de implementar el Magistrado Gerardo Rodríguez del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Diputados no se deben involucrar en nuevas violaciones a la Constitución.

La Doctora Núñez de Escorcia, es de la opinión que la Ley en cuestión se debe de someter a votación en el plenario de la Asamblea Nacional, y espera que los 48 diputados que estuvieron en la sesión del 20 de abril mantengan su posición, porque ellos no tienen porque acatar una resolución que es ilegal , ya que el Tribunal de Apelaciones no tiene facultad para detener el proceso de formación de las leyes y el hecho que la Comisión de Justicia se reúna para emitir el dictamen con el cual se va a someter al plenario la derogación de esta ley, es parte de la formación de esta ley, de abstenerse los Diputados de conocer la ley y pretender darle credibilidad a ese adefesio jurídico, estarían también viéndose involucrados en una nueva violación a la Constitución.

“La sesión del 20 de abril, fue legal, era una sesión convocada por la Junta Directiva en pleno de la Asamblea Nacional que se ve interrumpida o que no se llega a concretar porque prácticamente le impiden a determinado número de Diputados la entrada al Parlamento, pero ya estaba convocada, muchos de ellos ya estaban dentro, entonces se aplica lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 3 de la Ley Organiza de la Asamblea Nacional, que cuando una sesión está convocada, pero hay una situación como la que se presento, entonces perfectamente se puede continuar en otro lugar, y habiendo 48 votos allí pues vale” concluyo la Presidenta del CENIDH.