En el presente año el Presidente Daniel Ortega, ha irrespetado y manipulado normas jurídicas nacionales y a los diferentes Poderes del Estado con el fin de garantizar su reelección y la de funcionarios allegados que son titulares de instituciones claves como el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Este 20 de Abril, Managua inicio el día con falta de transporte colectivo y grandes congestionamientos vehiculares por todas partes de la Capital, porque desde tempranas horas simpatizantes del partido de gobierno y funcionarios del Poder Judicial, marcharon encabezados por los ex magistrados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, hacia la Asamblea Nacional, para imponerles a los diputados de la oposición su reelección como Magistrados.
En este nuevo atropello a la institucionalidad, fueron movilizadas fuerzas partidarias organizadas paramilitarmente y jóvenes en situación de riesgo agrupados en grupos juveniles y pandillas apertrechadas con morteros, piedras y otros instrumentos con los que provocaron daños a las instalaciones de la Asamblea Nacional, rompiendo el cerco policial y los portones de la misma; no bastándoles los marchistas se dirigieron hasta las instalaciones del Hotel Holiday Inn, donde se encontraban reunidos los diputados opositores, instalaciones a las que penetraron y causaron grandes destrozos con sus piedras y morteros. Al CENIDH le resulta intolerante la actitud permisible de la institución policial ante estos hechos delincuenciales que dejaron heridos a los Diputados Dr. José Pallais Arana, Sr. Oscar Moncada y Ulises Alfaro.
El Orden Jurídico Constitucional está totalmente manoseado por el orteguismo, con la corresponsabilidad de los que han pactado con él, desde hace varios años en perjuicio de todo el país.
El CENIDH lamenta que Jueces y Magistrados afines al orteguismo hayan participado de esta marcha, donde además fueron partícipes de actos vandálicos, con esta actuación los operadores de justicia dejan en total evidencia la partidización del Poder Judicial aumentando la desconfianza en la administración de justicia.
El CENIDH considera que la crisis que afecta la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el CSE, es la peor que se ha vivido, el trasfondo es la manipulación de toda la institucionalidad en función de los intereses del impuesto bipartidismo y la reelección en la historia de Nicaragua, y el impacto a la institucionalidad es tan negativo como el que provoca un golpe de Estado.
Ante esta situación el CENIDH demanda:
1. Al Presidente Daniel Ortega a respetar la Constitución y no hacer interpretaciones antojadizas, tendiente a satisfacer sus desproporcionados intereses de poder.
2. Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a defender la institucionalidad de este Poder del Estado y no permitir la usurpación de cargos por parte de los abogados Rafael Solís y Armegol Cuadra.
3. Al Ministerio Público a adherirse en estricto respeto a lo que establece la ley y realice las acciones penales frente a quienes atentan contra la institucionalidad del país.
4. A la Policía Nacional a ejercer las acciones tendientes a garantizar la seguridad de los y las ciudadanas nicaragüenses, especialmente a la protección de la seguridad física de las personas y la propiedad privada.
5. A la ciudadanía en general a defender el respeto a la Constitución Política de nuestro país, nuestro orden jurídico y nuestra democracia.
Managua, 20 de Abril del 2010.
Derecho que no se defiende… es derecho que se pierde.
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