Nicaragua es un país que vive permanentemente en crisis institucional, hay que recordar que desde el año 1995 con la segunda reforma a la Constitución de la República se sucedió una crisis que concluyó con una Ley Marco y en esa ocasión no funcionaba la Asamblea Nacional, ni la Corte Suprema de Justicia, en fin no funcionaban los poderes del Estado. Hoy estamos así, al borde de una crisis parecida, pero cada vez que se van a elegir funcionarios en éstas instituciones se dan estas crisis y generalmente es por falta de acuerdo.

Desde el año 1999 e inicios del año 2000, que se dio el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, pudimos ver que hubo algunos años de estabilidad, de gobernabilidad, sin embargo cuando se dio la fecha de elección de nuevos cargos volvió a situarse una crisis institucional similar, con el agravante que esta vez el Presidente Ortega en las negociaciones que tiene con Arnoldo Alemán está pidiendo la reelección y eso es algo que el Ex presidente Alemán no está dispuesto a ceder, por otro lado Alemán también tiene presión para que algunos funcionarios del Consejo Supremo Electoral y de algunas de las otras instituciones tampoco sean reelectos y esto es lo que ha tenido trabada la posibilidad de un acuerdo.

Tanto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que dice que sí es reelegible el Presidente Ortega, como el decretazo de éste que le posterga el término en el ejercicio de sus funciones a los funcionarios que se les vence el periodo Constitucional, consideramos que son ilegales, son acciones inconstitucionales y de orden político que sólo consiguen presionar un acuerdo entre los caudillos para seguirse repartiendo las “tajadas grandes”.

Creemos que al final Daniel Ortega y Arnoldo Alemán se van a poner de acuerdo y la crisis va hacer superada, lamentablemente con un costo político y económico para el país, pero es algo a lo que estamos habituados, a este comportamiento corrupto de los caudillos.

Nuestro llamado como organismo de derechos humanos es a la ciudadanía a alzar su voz frente a la crisis institucional, frente a la corrupción y frente al manejo irregular de la cooperación, somos los ciudadanos los que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes el respeto a nuestras leyes y nuestros derechos humanos.

Derecho que no se defiende… es derecho que se pierde.