5 civiles muertos y dos policías fue el resultado de un hecho acaecido el pasado jueves primero de Abril en la comunidad Puerto Viejo, 30 kilómetros al norte de Waslala en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. El primer informe policial, indica que efectivos policiales se enfrentaron con una banda de delincuentes que azotaban la región, cuyo resultado fue el antes indicado.
A raíz de estas publicaciones oficiales, familiares de los civiles que perecieron bajo el fuego policial aseguraron sentirse ofendidos, pues para ellos los mandos policiales estaban justificando un enfrentamiento donde sus agentes no actuaron de forma debida y para ello están ensuciando la honra y reputación de sus familiares asesinados.
Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Filial Matagalpa que se traslado hasta el lugar constato que en el lugar había indicios que fueron efectuados al menos unos cien disparos. Además, a través de testimonios de pobladores del lugar y testigos de los hechos conoció que algunos de los oficiales supuestamente habían ingerido licor antes de los hechos.
Este Viernes nueve de Abril, la Sra. Adela Castro González, madre de una de los civiles muertos, y Ángel Salguera Aráuz, único sobreviviente de los hechos se presentaron ante el CENIDH a denunciar lo que supuestamente ocurrió ese día, según Salguera, relata que el hecho tuvo lugar cuando él se encontraba junto a unos amigos en un bar justo a la orillas del rio Iaz, en la Comunidad de Puerto Viejo, donde además se encontraban más de 200 personas disfrutando de la vacaciones de la semana santa.
Al calor de los tragos uno de los ahora fallecidos hizo disparos al aire, por lo que los uniformados llegaron a desarmarlo, por ser él quien tenía el arma visible, hasta dejarlo reducido, esposado y amarrado a un árbol, posteriormente intentaron desarmar al resto de sus acompañantes, pero cuando Virgilio Quintero López intentaba sacar su arma para supuestamente entregarla, un policía le disparo en la cara, muriendo de forma instantánea.
Por la muerte de Quintero reaccionó su cuñado Jairo Zeledón Acuña, quien de un tiro le quito la vida al policía que había matado a Quintero, posteriormente otro oficial le disparo por la espalda a su hermano Salomé Zeledón, lo que hizo que Jairo Zeledón disparará nuevamente y le quitara la vida al Capitán de la Policía Reynaldo Amador García, al mismo instante otros oficiales de la policía dispararon contra Jairo Zeledón, resultando muerto.
La otra víctima fue identificado como Henry Ochoa Castro de 24 años, quien según su mamá Adela Castro no pertenecía al grupo, y que apenas tenía unos minutos de haber llegado al lugar y ni siquiera portaba armas, sin embargo un oficial de la policía le disparó a Ochoa cuando este se iba montado en su macho, y posteriormente fue rematado en el suelo.
Los testigos afirman que el resto de heridos se produjeron cuando los bañistas huyeron de la balacera y un efectivo policial disparo en ráfaga contra el puente aéreo por donde estos corrían. En su denuncia Ángel Salguera Aráuz, también asegura que él salvo su vida porque la población impidió que un efectivo policial lo rematara en el suelo, donde lo dejaron abandonado posteriormente, Salguera se entrego a la Policía dos días después donde estuvo detenido más de setenta hora y posteriormente fue puesto en libertad por no encontrarse mérito para acusarlo, la única acusación en su contra es por el supuesto hurto de unas esposas, las mismas que fueron cortadas de sus manos por pobladores de la localidad y ya compró para reponerlas a la policía del lugar.
Los denunciantes dieron fe de su honorabilidad y la de sus familiares y consideran que es una grave falta a la memoria de los difuntos que pretendan involucrarlos con bandas delincuenciales.
Jobel Membreño, Abogada del CENIDH filial Matagalpa, estuvo en el sitio y entrevistó a unas 17 personas de esa comunidad, quienes coinciden en que la Policía “utilizó sus armas de fuego de manera irracional”.
Manifestó que los siete lesionados, así como Ángel Salguera y los familiares de las Victimas solicitan seguridad de parte de las autoridades superiores de la Policía, porque algunos de ellos están siendo amenazados por oficiales de esa institución.
Un equipo del CENIDH acompaño posteriormente a los denunciantes ante la oficina de asuntos internos en Plaza el Sol, donde el Comisionado Zambrana escucho las denuncias por amenazas, detención ilegal y faltas en el procedimiento, como la no entrega de recibos de ocupación, también presentó el resultado preliminar de sus investigaciones, las que no coinciden con la versión del sobreviviente y los testigos de los hechos, además quiso dejar en claro que “la Policía no pretende justificar el actuar de sus agentes en estos hechos, simplemente lo que tienen es el resultado de entrevistas con algunos pobladores”.
El CENIDH solicitará una investigación autónoma de parte del Ministerio Publico, a fin de que éste determine con objetividad ¿qué paso realmente el primero de Abril en Puerto Viejo?, y dará el acompañamiento debido al caso.
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