En octubre del 2007, fueron acusadas ante el Ministerio Publico 9 reconocidas feministas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, por el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, por ser supuestas partícipes de los delitos contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir, y apología del delito de aborto relacionado con el caso conocido como “Rosita”.

El CENIDH, desde el 2007 acompaña a las acusadas que son Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori Gutiérrez, Luisa Molina Arguello, Marta María Blandón Gadea, Martha Munguía Alvarado, Mayra Sirias, Yamilet Mejía Palma y Violeta Delgado Sarmientos.

Ministerio Público no entrega resolución que desestima acusación

Este 24 de marzo, a través del diario La Prensa, las 9 feministas se enteraron que el Ministerio Público había desestimado la acusación interpuesta por Roberto Petray, Secretario Ejecutivo de la ANPDH. Las acusadas, acompañadas por la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez de Escorcia, se personaron ante la Fiscalía con el objetivo de solicitar les notificaran la resolución que desestima la acusación por la cual estaban siendo investigadas por esa instancia, estas fueron recibidas por el Fiscal General de República, Dr. Julio Centeno Gómez, quien les informó que su despacho no tenía el expediente y aseguró que realizaría las gestiones pertinentes para extender la resolución.

El Fiscal General, designo a la Dr. María del Carmen Solórzano, Fiscal Departamental, para realizar gestiones inmediatas para jalar el expediente “de las 9 mujeres”, para proceder a elaborar la resolución que desestima el caso y entregarlo a las acusadas.

Después de varias horas de espera en la sala de conferencia de la Fiscalía, se apareció la Dra. Solórzano, para informar que no podía cumplir con el cometido asignado ya que el expediente estaba en el despacho de la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, y ésta no se encontraba en su despacho, esto fue considerado por la Dra. Núñez “como una maniobra sucia, ya que no es ella -Ana Julia Guido, Fiscal Adjunta – la que tramita el caso.

Para la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, la acción de Fiscal Adjunta constituye una violación al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, sobre la responsabilidad que tienen las autoridades de notificar a ambas partes la resolución, “que las denunciadas aun no hayan sido notificadas, violenta el derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección.

Cabe recordar que este caso ha sido considerado por diferentes sectores de la sociedad civil nacional e internacional como una medida de represión contra las nueve dirigentes feministas.

Para la Presidenta del CENIDH, el hecho que no entreguen la resolución que desestima la acusación a las defensoras de derechos humanos porque el expediente está en el despacho de la Fiscal Adjunta, quien muy reconocida por su militancia con el gobierno del Presidente Ortega, “es una muestra grafica de la partidirización, de los dos bandos que hay en las instituciones, que continúan deteriorando la institucionalidad del país.

Núñez, concluyó diciendo que solicitaran por escrito la notificación al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, ya que de continuar reteniendo la misma, constituye una tortura para las nueve mujeres acusadas.

Derecho que no se defiende… es derecho que se